SANTO DOMINGO. El alivio en el presupuesto al que aspira el gobierno de Danilo Medina mediante la venta de acciones de la planta generadora Punta Catalina, ha desatado dudas sobre las condiciones en que llegue ese antídoto.
Economistas expresan escepticismo sobre el interés que pueda tener el sector privado para invertir una cantidad de dinero que les alcanzaría para producir por sí mismo, en lugar de asociarse al Estado en un proyecto del que no tendrán el control absoluto.
Justo ayer, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, anunció que siete empresas internacionales están interesadas en comprar dichas acciones, pero advertía que “se debe ser cuidadoso a la hora de negociar”.
Al respecto, el economista Bernardo Castellanos se pregunta si será diferente ahora, dado que el Gobierno hizo la oferta hace más de dos años sin que, la fecha, se avance en una propuesta concreta. “Con mil millones de dólares (monto al que aspira el Gobierno con la venta de las acciones) se pueden instalar alrededor de 800 Mw a gas natural. Esto es más beneficioso para el país, pues, además de los 675 Mw netos de Punta Catalina, se añadirían unos 800 Mw adicionales de energía eficiente que se necesitan, además, de Punta Catalina. En total, con Punta Catalina y esta planta a gas natural de unos 800 Mw, estarían ingresando al sistema unos 1,475 Mw de energía eficiente y nueva”.
Las dudas sobre la inversión tienen su origen en los cuestionamientos que han surgido en torno al monto total del proyecto. La licitación de Punta Catalina, con una capacidad de 720 MW, fue de US$1,945. Aunque todavía se desconocen las condiciones en las que se llevarán a cabo las negociaciones, el también economista Alejandro Fernández, considera fundamental “que se transparente toda la inversión que se ha realizado hasta el momento, cuánto realmente hace falta y si, efectivamente, se tiene o no el financiamiento para completar”.
Castellanos considera que si el Gobierno estaba dispuesto a endeudarse con BANDES de Brasil por US$650 millones, podría emitir bonos soberanos por esa misma cantidad, con lo cual se liberarían los US$432.5 millones pendientes de desembolsar por parte de SACE.
Entiende que de llevar al sector privado a las plantas a carbón, pasaría lo mismo que con otras empresas del sector en las que el Estado no tiene ni control ni decisión.
