Legisladores recibieron de manera positiva el emplazamiento que realizó el Tribunal Constitucional al Congreso Nacional para que en un plazo menor de dos años apruebe leyes que aún están pendientes.
El TC llamó a los congresistas a elaborar y favorecer los proyectos de ley que tienen estancados más de una década, y algunos sin ser elaborados. Esas leyes son sobre mandatos de los artículos 203, 210 y 272 de la Constitución dominicana, promulgada en 2010.
Los artículos se refieren a aplicación de los mecanismos directos de participación local, en los que se incluyen el plebiscito y referendo aprobatorio.
Ante esto, los voceros de los bloques integrados por los principales partidos políticos de la Cámara de Diputados reconocieron que la falta de estas y otras leyes es una deuda del Poder Legislativo todavía por saldar a la sociedad dominicana.
Tal es el caso del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, quien indicó que esto se debe a la falta de interés que tienen algunos legisladores en garantizar la ejecución de las piezas pendientes.
“Más que dejadez, ha sido falta de interés por los legisladores en hacer cumplir el mandato de la Constitución”, señaló.
Sin embargo, Henríquez aclaró que el Poder Ejecutivo también juega un papel importante, teniendo en cuenta que no prioriza los proyectos de ley ordenados por la carta magna. Esto a pesar de las iniciativas de otro tipo y solicitud de “préstamos” que depositan en el Congreso.
“Tampoco el Poder Ejecutivo se ha interesado en promover este tipo de proyectos. Porque si muy bien tienen la voluntad política de someter proyectos que le interesan para desarrollarlos, como el tema de los préstamos. Pues que a la Secretaría Jurídica le den también esa asignación…”, indicó.
El representante de Santo Domingo Este lamentó además que las labores de los legisladores se limiten, en su mayoría, a depositar proyectos de resolución, para solicitar obras gubernamentales, más que enfocarse en el cumplimiento de asuntos constitucionales.
“Nosotros los legisladores que tenemos iniciativas de ley, no utilicemos mucho esa prerrogativa más que para someter proyectos de resoluciones para que nos hagan un puente…”, expresó Henríquez, destacando que este tipo de acciones durante el ejercicio legislativo es una tradición de los congresistas.
Mientras tanto, el portavoz de la bancada de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, consideró prioritario que las sesiones en ambas cámaras del Congreso estén limitadas al conocimiento de propuestas de ley, instruidos por la Constitución.
“Es más prioritario que aprobemos las reservas de leyes que manda la Constitución de la República para adecuar algunas leyes, otras son nuevas y algunas hay que modificarlas… Es una prioridad que sigamos aprobando”, dijo Crespo, quien ocupa una de las curules del Distrito Nacional.
Precisó que son decenas las normativas que no han sido aprobadas después de más de una década de promulgada la última modificación constitucional.
Entretanto, el representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, entiende que “en su momento” el Congreso deberá designar una comisión especial para alcanzar la aprobación absoluta de estos documentos. Fulcar aseguró que esto podrá garantizar el fortalecimiento del marco constitucional del país.
“El Congreso constituirá una comisión de juristas para trabajar de manera intensiva, sin pausa en la aprobación de estas leyes”, resaltó Fulcar, electo por los ciudadanos de Peravia.
Esta sentencia fue emitida en 20 de enero de 2021 por el TC, encabezado por el presidente anterior, Milton Ray Guevara, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Evangélica de Socorro al Recluso.
Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, fueron los demás jueces que emitieron la sentencia.
Editorial del LISTÍN
En su editorial de ayer, LISTÍN DIARIO calificó de inaceptable que más de una década después de la proclamación de la Constitución de 2010, el Congreso Nacional no termine de aprobar las leyes que manda a sancionar esa Carta Magna.
“Este incumplimiento no solo es inexplicable sino que también constituye un mal ejemplo para el Estado de derecho en nuestro país. El TC, en su sentencia TC/0113/21, ha declarado la inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta del Congreso respecto a la emisión de leyes fundamentales para el funcionamiento democrático de la nación”, expresa.
Plantea que esta sentencia es vinculante e inapelable para el Congreso, un órgano de poder que, paradójicamente, aprobó la propia Constitución que ahora desobedece.
Refiere que cste fallo no solo subraya la negligencia legislativa sino también la afectación del derecho de los ciudadanos a ser consultados en decisiones de gran envergadura nacional.
Entre esas leyes –destaca el editorial- están las de referendo y plebiscito, cruciales para fortalecer la democracia participativa en el país.
“Francamente reclamamos a este poder del Estado que rectifique su curso y cumpla con las disposiciones constitucionales sin más demora”, indica.
