Santo Domingo. El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Napoleón Estévez Lavandier, envió a juicio de fondo a la diputada del Partido Revolucionario Miderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavar más de 4,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico.
El juez admitió de «manera total» la acusación que le hace el Ministerio Público de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acompañará en el banquillo ante la justicia, a su esposo Miguel Arturo López Florencio, (Micky López), y a dos hijos de ambos, José Miguel López Pilarte, exregidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte. También a su hermana, Ada María Pilarte, y a la pareja de ésta, Manuel Antonio Ynoa Valdez. La familia de la legisladora tiene un proceso abierto desde el año 2020 también por narcotráfico y lavado de activos.
El escándalo de la familia de Pilarte explotó un mes antes de las elecciones generales del 2020, siendo la actual congresista candidata a la curul y, pese al ruido en los medios sobre el caso, logró su objetivo de formar parte del principal poder del Estado. Micky López, esposo de Pilarte, y los hijos de ambos cumplen actualmente medida de coerción de presentación periódica después de que se les retiraran los grilletes electrónicos en octubre del 2022. Por su jurisdicción privilegiada, la diputada fue acusada ante la Suprema Corte de Justicia, a la cual le corresponde conocer el proceso en su contra.
Rosa Amalia Pilarte fue identificada por el Ministerio Público como integrante de la supuesta red que encabezaba su pareja, quien es acusado de dirigir dicha organización criminal.
La acusación en el 2020 señala a López como el cabecilla de la red que movilizó transacciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.
«Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero», dice una comunicación de prensa de la Procuraduría General ayer.
La semana pasada, la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega dispuso el pago de una garantía económica de un millón de peso en efectivo, como medida de coerción a su cuñado Manuel Antonio Ynoa Valdez, a quien se le atribuye ser testaferro de la familia.
Aunque no han sido sometidos a la justicia, otros cuatro diputados son investigados por la Procuraduría General, tres de ellos también del PRM. Estos cuatro legisladores son Sergio (Gory) Moya de la Cruz, del Distrito Nacional y mencionado en Operación Calamar; Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo, señalada en Operación Falcón; y Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado por Santiago, quienes son del partido oficial. Asimismo, se siguen los pasos de Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo (Pedernales), por el PRD.
