Un total de 17 jueces de inmigración han sido removidos de sus cargos recientemente, de acuerdo con declaraciones del sindicato que los representa, mientras la administración estadounidense continúa con una intensificación de las deportaciones.
La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos —que agrupa a jueces y otros profesionales de los tribunales de inmigración— indicó mediante un comunicado que 15 jueces fueron cesados el pasado viernes sin justificación aparente, y otros dos el lunes siguiente.
Los jueces afectados trabajaban en cortes ubicadas en diez estados: California, Nueva York, Texas, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Ohio, Utah y Virginia.
Matt Biggs, presidente del sindicato, calificó la acción como “alarmante y contraria al interés público”, señalando que mientras el Congreso ha aprobado la contratación de 800 jueces, el gobierno está removiendo a decenas sin explicación. “Esto es contradictorio. En vez de despedir, se debería estar ampliando el personal”, expresó.
Tribunales bajo presión por políticas migratorias
Estas destituciones ocurren en un contexto en el que los tribunales de inmigración han cobrado mayor protagonismo debido a las medidas migratorias más estrictas impulsadas por el gobierno del expresidente Donald Trump. Al mismo tiempo, agentes del ICE han estado efectuando detenciones de inmigrantes justo en los tribunales donde comparecen.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, organismo del Departamento de Justicia que administra los tribunales de inmigración, se negó a ofrecer comentarios sobre los despidos.
Desde mayo, las detenciones en masa han incrementado la incertidumbre entre quienes acuden a audiencias migratorias, en muchos casos para solicitar asilo. En varias ocasiones, mientras un juez concede la anulación de una orden de deportación, agentes del ICE esperan fuera para arrestar al inmigrante tan pronto sale del tribunal.
Sistema colapsado y falta de representación
Actualmente, los jueces enfrentan una sobrecarga de más de 3.5 millones de casos acumulados, un número que ha ido creciendo con los años. Las audiencias finales pueden programarse con más de un año de anticipación debido a la saturación del sistema.
A diferencia de los tribunales penales, en los procesos migratorios no se garantiza el derecho a un abogado. Si la persona no puede costear uno, debe representarse por sí misma, frecuentemente con la ayuda de un intérprete.
Acusaciones de represalias políticas
El senador demócrata Dick Durbin denunció que uno de los jueces fue despedido por haberle mostrado el tribunal durante una visita reciente a la corte de inmigración en Chicago. Durbin relató que tras esa conversación, el juez recibió una advertencia del Departamento de Justicia indicando que todo contacto con el Congreso debía pasar por canales oficiales.
“El despido repentino de este juez es un claro abuso de poder, una represalia por cumplir con su deber”, afirmó Durbin, quien es miembro destacado del Comité Judicial del Senado.
Fondos adicionales sin garantías de mejora
Una reciente ley aprobada destinará 170.000 millones de dólares para reforzar la aplicación de leyes migratorias, incluyendo 3.300 millones para el sistema judicial, con el objetivo de aumentar a 800 el número de jueces y contratar más personal.
Sin embargo, el sindicato advirtió que desde el inicio del gobierno de Trump, más de 100 jueces han sido despedidos o se han retirado tras aceptar ofertas de salida conocidas como “Encrucijada”.
Contrario a acelerar los procesos, los despidos podrían agravar la congestión de casos, advierte el sindicato, que estima que reemplazar y capacitar a un nuevo juez puede tardar hasta un año. Actualmente, el sistema cuenta con unos 600 jueces activos bajo la supervisión del Departamento de Justicia.
