De “clamor” del pueblo a ser refutada por sus propios legisladores: El camino de la reforma constitucional de Abinader

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Desde que resultó ser reelecto presidente de la República durante las elecciones de mayo pasado, Luis Abinader comenzó a señalar la necesidad de una reforma constitucional que buscaría “fortalecer la institucionalidad” de la República Dominicana; con incluso el vocero de Gobierno, Homero Figueroa, tildar la misma como un “clamor” que el pueblo dominicano ha tenido “durante años”.

Unos 10 días antes de comenzar oficialmente su segundo periodo, el presidente Abinader encabezó una Semanal con la Prensa en donde presentó en qué consistiría su propuesta de modificación a la Carta Magna.

La propuesta consistía en cuatro pilares principales: establecer un artículo que dificulta la modificación a los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse; establecer la escogencia de la figura del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura (y su exclusión del CNM) y que por ley se definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno; la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales a partir de 2032, y la reducción del número de los miembros de la Cámara de Diputados, con 53 diputados menos, con lo que la matrícula de la cámara baja quedaría en 137 legisladores.

El Gobierno informó en ese momento que establecerían una serie de diálogos y que estarían dispuestos en cambiar en la forma, mas no en el fondo, su propuesta de reforma constitucional, ya que era un “objetivo muy claro” del presidente Abinader.

Las críticas no se hicieron esperar y desde opositores, hasta legisladores del propio partido de Gobierno, pasando por diferentes órganos y entidades, han mostrado su desacuerdo con alguna o varias de esas propuestas presentadas por el mandatario.

El consejo superior del Ministerio Público

Las primeras críticas se concentraron en la propuesta en donde se contemplaba modificar el artículo 174 de la Carta Magna, el cual trata sobre la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público.

En ese artículo se señala que el Consejo del Ministerio Público está conformado por el procurador General de la República, quien lo preside; un procurador adjunto elegido por sus pares; un procurador general de Corte de Apelación; un procurador fiscal o su equivalente elegido por sus pares y un Fiscalizador elegido por sus pares y en su lugar poner que la “ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno”.

Con el pasar de los días, varios fiscales y otros juristas señalaron que esa modificación de la Constitución eliminaría de facto al Consejo Nacional del Ministerio Público.

En medio de ese debate, la procuradora General de la República, Miriam Germán, emitió un comunicado en donde señaló que no fue consultada en lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del procurador general de la República, ni al Consejo Superior del Ministerio Público.