Santo Domingo. Las aportaciones obligatorias y del Estado dominicano a gremios profesionales y sindicatos suman cientos de millones de pesos al año. Los ingresos que reciben la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y constató que no todos ofrecen información sobre los fondos recibidos y que, cuando lo hacen, los publican con años de retraso.
La afiliación obligatoria a un sindicato o colegio para ejercer una profesión se mantiene en algunos de estos gremios, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció en su sentencia de 1989 que la imposición de pertenecer a una agrupación, para ejercer una labor, constituía una violación al artículo 8 párrafo 6 y otras previsiones de la Constitución dominicana.
La sentencia de la SCJ sentó un precedente, en un histórico proceso que enfrentó en su momento a los propietarios de medios de comunicación con periodistas que buscaban que se mantuviera vigente la Ley 148, que creó el Colegio Dominicano de los Periodistas (CDP). Dicha legislación establecía, en su artículo 20, la obligatoriedad del registro previo del título de periodista en dicho colegio para poder ejercer el periodismo.
Este precedente emitido por la SCJ no fue asumido en otras áreas profesionales, pues para ejercer la medicina, el derecho y la ingeniera en la República Dominicana hay que estar afiliado a los colegios y asociaciones que agrupan a estos profesionales. La obligatoriedad está consignada en las leyes que crean estos organismos.
Es el caso de la Ley 68-03, que crea el CMD; de la 3-19, amparo legal del CARD, y la 61-60, que dio origen al Codia.
Con los docentes, la situación es distinta, pues solo están afiliados de manera automática a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) los que ganan una plaza a través del Concurso de Oposición Docente y son nombrados en el sistema educativo público. Los maestros del sector privado no han tenido cabida en la ADP.
Afiliarse a un sindicato o colegios es un derecho establecido en el Código de Trabajo y en la Constitución, pero estas legislaciones no obligan a los profesionales a inscribirse en ellos.
Los sindicatos y colegios profesionales en la República Dominicana se constituyeron para lograr «una mejor remuneración del trabajo que ofrecen, conquistas sectoriales, respeto a la profesión y al profesional, para protegerlo, representarlo y velar para que todo el que ejerza la carrera sea profesional del área».
Con el paso de los años han demostrado su poder, logrado en base a presiones, huelgas sectoriales y generales.
El mayor poder político lo exhiben los maestros y los médicos, quienes han protagonizado, desde su fundación cientos de protestas y huelgas en los sectores más sensitivos del país: la salud y la educación.
Los aumentos de salarios constituyen sus principales reclamos, con resultados significativos, que se traducen en mayores ingresos por horas trabajadas.
Pero la fortaleza de estas instituciones radica en el dinero que reciben del Estado por diversas vías. A los médicos y los maestros se les descuenta mensualmente de sus salarios una cota para los gremios que los agrupan.
Los colegios que agrupan a los ingenieros, arquitectos y los abogados son financiados por el Estado a través de cuotas establecidas para el Codia, en el caso de las obras públicas, y para el CARD, por concepto de procesos judiciales y notariales realizados en la República Dominicana.
Ningún organismo estatal audita los fondos que reciben estos colegios y sindicatos, recursos que en su mayoría han sido invertidos en la adquisición de bienes e inmuebles.
La ADP es uno de los sindicatos con mayor poder económico y político de la República Dominicana. En los últimos 10 años ha recibido 3,544.29 millones de pesos, de los descuentos, que, de manera automática, hace el Ministerio de Educación del salario de los docentes nombrados en el sistema educativo público.
Los datos están registrados en el informe «Gastos derivados del salario fijo en el presupuesto del Minerd 2013-2022». A los docentes activos se les descuenta mensualmente el 1 % de sus salarios y los jubilados y pensionados aportan el 0.25 % de su sueldo para el gremio.
Este año el sindicato recibirá más recursos debido al incremento de la matrícula de los maestros, que pasó de 110 miembros activos en 2022 a 124,452 para 2023.
La afiliación a la ADP es automática, al igual que el descuento del salario de cada docente del sector público. Esto fue establecido en el año 1989 en la gestión del Secretario de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos, José Nicolás Almánzar García, siendo Joaquín Balaguer presidente de la República. Esta decisión fortaleció económicamente al gremio que solo tenía el poder político.
Dentro de sus conquistas se destacan tener su propia AFP que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima); su ARS (Semma); y, además, tiene representación en el Consejo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Consejo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).
