El presidente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, Hugo Álvarez Pérez, afirmó ayer que solo el 42% de las instituciones estatales es auditada, debido al bajo presupuesto que recibe el organismo fiscalizador.
Durante su conferencia en el encuentro “En el ojo de la rendición de cuentas: entre controles y transparencia”, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) en hotel El Embajador, Alvárez Pérez dijo que los RD$654 millones que recibe la institución cada año no son suficientes, no solo por todos sus compromisos, sino con los proyectos que contempla realizar el próximo año.
Consideró que la meta de la Cámara de Cuentas consiste en ser una entidad modelo de eficiencia, de credibilidad y aceptación social en la fiscalización de los recursos del Estado.
Señaló que tiene grandes proyectos, pero para su implementación necesita más dinero, así como desarrollar las capacidades técnicas y la implementación de una escuela de cuentas.
Sostuvo que la misión de la institución es de prevención y detección, y el régimen sancionador le corresponde a la Procuraduría General de la República.
Explicó que la sociedad civil debe empoderarse para que todos los funcionarios cumplan con la declaración jurada de bienes que establece la Ley 311-14.
Señaló que a todo el que no cumpla con la ley debería retenérsele su salario y todavía faltan 3,958 funcionarios que no han hecho la declaración jurada de bienes.
Dijo que en el gobierno central la retención del salario debe hacerla el tesorero y los síndicos en los municipios.
“Nosotros no hacemos auditorías, sino investigaciones de las declaraciones. Las auditorías las tiene que ordenar el Procurador General de la República en caso de que haya una investigación especial”, manifestó.
Explicó que la Cámara de Cuentas hizo un informe sobre si la declaración jurada de Diandino Peña se correspondía con la realidad, la cual se depositó en la Procuraduría General de la República.
En su discurso de bienvenida, Eugene Rault Grullón, presidente de Anje, dijo que “a pesar de contar con leyes, reglamentos y un sistema de consecuencias, en materia de rendición de cuentas su ineficiencia ha sido obvia. Ha hecho falta un cambio de cultura impulsado por el protagonismo de un órgano de control que cuente con todas las capacidades técnicas y operativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones jurídicas”.
En cuanto a la declaración jurada, reiteró el interés del gremio en generar espacios que sirvan para crear medidas correctivas para las trabas y distorsiones que impiden el cumplimiento de la Ley 311-14, citando como punto de partida, la validación de la declaración jurada a través de diversos canales como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Expresó que se debe comenzar a hacer cumplir las leyes en el país.
