La presunta red de trata de personas procedentes de Colombia y Venezuela con fines de explotación sexual, desmatelada por el Ministerio Público a través de la operación Flor de Loto, seleccionaba y reclutaba a las presuntas víctimas en sus países de origen a través de una supuesta propuesta laboral, trasladándolas al país para ser explotadas.
Según consta en el expediente de solicitud de medida de coerción, al que Listín Diario tuvo acceso, la red estaba dirigida por Junior David Matos Monegro y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a estos países para ofrecer empleo a las víctimas, recurriendo al fraude y al engaño, convenciéndolas de que obtendrían un trabajo bien remunerado.
De acuerdo con el documento, los imputados cubrían los gastos de vuelos y trámites de viaje, atando a las víctimas a una deuda que, una vez llegaban a su destino, se les informaba que ascendía a 3,500 dólares.
Ellas debían comprometerse a pagar esta deuda con las supuestas sumas atractivas que percibirían en el empleo prometido. Las víctimas eran trasladadas a los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, ubicados en Los Rieles de Gurabo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde residirían. Una vez allí, debían pagar por los gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos, estando sujetas a complacer sexualmente a las demandas de los clientes, descubrieron que habían sido engañadas y que el trabajo ofrecido era diferente de las condiciones prometidas. Si se retrasaban en regresar a los apartamentos o mostraban resistencia, se les imponían multas que se sumaban a sus deudas.
Las mujeres eran trasladadas de un edificio a otro por los tratantes, que se hacían llamar presentadores o promotores, Se encargaban de exhibirlas y entregarlas a los clientes para realizar las actividades sexuales remuneradas. El Ministerio Público señala que las víctimas eran expuestas mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, a través de catálogos con fotos en ropa interior, para exhibirlas y ofrecerlas a los clientes. Los precios iban de 3,500 por una hora a 2,500 pesos media hora, con pagos de transferencia y efectivo.
Las víctimas no podían negarse a realizar las actividades sexuales, ya que eran amenazadas con ser denunciadas a migración para su deportación y con causar daño a sus familiares. Además, se les privaba de libertad al prohibirles el contacto directo con los clientes, todas las interacciones debían realizarse a través de grupos de WhatsApp y las flotas telefónicas utilizadas por los imputados.
Según el expediente, no se les permitía tiempo libre, teniendo que estar disponibles cada vez que un promotor la requería para un cliente. Las victimas también eran obligadas e inducidas a consumir sustancias controladas, cuyo costo se sumaba a la deuda.
Matos Monegro y Almánzar Pérez mantenían una contabilidad en varios cuadernos. Se registraban fecha de llegada de las víctimas al país, deudas, pagos y deducciones en dólares, entre otros datos que según el órgano acusador, evidencian el funcionamiento de la organización criminal.
Fueron realizados varios allanamientos en los apartamentos, donde se encontraron 45 mujeres colombianas y venezolanas; una pistola marca Glock 19 de 9 milímetros, tres cargadores para pistola, 35 cápsulas de 9 milímetros, 1,064,677.00 pesos, 6,784.00 dólares y 765,000.00 pesos colombianos. Además, se encontraron 35 pasaportes colombianos, dos vehículos; un jeep Grand Cherokee y un carro marca Honda Civic, placa, juguetes sexuales, preservativos y varios documentos.
El expediente también menciona que otras cinco personas fueron declaradas prófugas: Jesús Antonio Jiménez Díaz y otros identificados solo como Adonis, El Gringo, Jan Daniel y Lourdes, pero no se especifica su grado de complicidad.
El Ministerio Público otorgó la calificación de trata de personas con fines de explotación sexual en contra de Junior David Matos Monegro y Estarly Román Almanzar Pérez. La calificación está tipificada y sancionada en de la ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. y varios artículos del Código Penal.
Un año de prisión por explotación sexual mujeres
El juez de la oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso un año de prisión como medida de coerción a dos implicados en la Operación Flor de Loto, que se dedicaba a la explotación sexual de al menos 45 mujeres colombianas y venezolanas. Los imputados Junior David Matos Monegro y Estarly Almánzar Pérez, fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de Santiago.
