SAN SALVADOR. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribirá ante el tribunal electoral su candidatura para aspirar a un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales de febrero próximo, respaldado por un 80 % de aprobación ciudadana y una reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida, según un reporte difundido por el periódico Listín Diario.
La formalización de su postulación ocurre en un momento de alta proyección regional, mientras el mandatario mantiene desplegados a más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití para combatir a las pandillas responsables del secuestro de cuatro aerotécnicos centroamericanos ocurrido el pasado 18 de octubre.
Reforma constitucional y escenario electoral
De acuerdo con el marco institucional modificado y el panorama de los comicios pautados para el 28 de febrero:
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Cambios en las reglas de juego: El camino para un nuevo período quedó despejado en julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa —controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas— aprobó una reforma que instauró la reelección indefinida, eliminó la segunda vuelta electoral y amplió el mandato presidencial de cinco a seis años.
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Sincronización del calendario: Su actual gestión concluirá en 2027, tras haber sido acortada por dos años con el propósito de unificar las elecciones presidenciales con las locales.
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Oposición fragmentada: Bukele enfrentará en las urnas a una oposición debilitada, representada por el médico izquierdista Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la exdiputada derechista Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Balance de seguridad, críticas y desafíos económicos
Conforme al análisis de su gestión y los señalamientos de organismos internacionales:
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Proyección internacional en Haití: Analistas de Crisis Group destacan que el despliegue militar en territorio haitiano —respaldado por un acuerdo bilateral bajo reserva que podría ampliar la presencia de tropas— busca consolidar la imagen del gobernante como un referente hemisférico contra el crimen organizado.
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Cuestionamientos por derechos humanos: Bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, las autoridades han arrestado a más de 93,000 personas, permaneciendo casi el 90 % sin juicio. Expertos de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian detenciones arbitrarias, torturas, más de 500 muertes bajo custodia estatal y la existencia de cerca de 90 presos políticos, sumado a críticas por la incomunicación de 252 migrantes venezolanos deportados en 2025.
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Presión por el costo de la vida: A pesar del respaldo a su política de seguridad, el punto más vulnerable de su administración radica en el manejo de la economía dolarizada, donde el valor de la canasta básica absorbe cerca del 66 % del salario mínimo fijado en 408 dólares.



