La Junta Central Electoral (JCE) notificó mediante acto de alguacil a la firma encuestadora Centro Económico del Cibao, S.R.L. por la publicación de un sondeo de opinión política fuera de los periodos habilitados por la normativa electoral, considerando que la precampaña oficial está pautada para iniciar el domingo 4 de julio de 2027.
La intimación surge tras la difusión de la «Encuesta de Opinión Pública Nacional» el pasado jueves 6 de agosto de 2026. Según el órgano de caminos electorales, la firma incurrió en una imputación provisional por la presunta violación al artículo 13 del reglamento sobre la materia, el cual prohíbe la publicación y difusión de estudios de opinión con fines electorales fuera de los plazos legalmente establecidos.
Procedimiento administrativo y derecho a defensa
La JCE precisó que la acusación posee un carácter estrictamente provisional y no constituye una sanción anticipada. Con la notificación formal efectuada el martes 11 de agosto, se abrió el siguiente protocolo:
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Plazo de respuesta: La empresa dispone de 10 días calendario para depositar ante la Secretaría General de la JCE un escrito formal con sus argumentos de defensa, excepciones jurídicas y medios probatorios.
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Dictamen y decisión: Vencido el plazo e instruido el expediente, la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales elaborará un dictamen que será remitido al Pleno de la JCE para la decisión definitiva.
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Régimen de sanciones: De hallarse culpabilidad, el reglamento contempla penas administrativas que van desde la suspensión temporal del registro (de 6 meses a 1 año) hasta la cancelación definitiva del registro de la encuestadora en caso de reincidencia.
Antecedentes y controversia jurídica del reglamento
El reglamento en cuestión, vigente desde el 22 de mayo de 2026, ha generado un intenso debate institucional e impugnaciones judiciales:
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Recursos de reconsideración: La firma ACD Media y el movimiento cívico Participación Ciudadana promovieron acciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) alegando vulneraciones constitucionales.
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Suspensión previa: A mediados de julio, la JCE había suspendido provisionalmente la aplicación de la norma a la espera de un fallo judicial.
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Incompetencia del TSE: El 23 de julio, el TSE se declaró incompetente para conocer los recursos promovidos contra el reglamento, señalando que la vía correspondiente para este tipo de acciones constitucionales es el Tribunal Constitucional (TC).
