El Ministerio Público judicializó un expediente por fraude electrónico y desfalco en perjuicio del Ayuntamiento de Santiago, mediante el cual una presunta red criminal logró sustraer la suma de RD$3,435,120.00 de las cuentas institucionales de la alcaldía a través de cinco transferencias bancarias no autorizadas.
Por este caso se encuentran procesadas Suleiny Esther Amador (residente en Juma, Bonao) y Yafermi García Araujo (residente en Moca, Espaillat). Asimismo, el órgano acusador mantiene en calidad de prófugos a Jorge Miguel Rivas Medina y Elide Miguelina de las Mercedes, señalados también como receptores de los fondos distraídos.
Distribución de los fondos y modus operandi
La investigación establece que el dinero desviado desde la cuenta bancaria del cabildo se distribuyó entre tres cuentas receptoras en cinco operaciones de la siguiente manera:
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Jorge Miguel Rivas Medina: RD$1,579,320.00
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Suleiny Esther Amador: RD$1,509,820.00
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Elide Miguelina de las Mercedes: RD$345,980.00
Los integrantes de la red operaban desde distintas provincias del país. El 24 de abril de 2026 realizaron retiros presenciales de dinero en efectivo en varias sucursales del Banco de Reservas: Rivas Medina retiró RD$223,000 en Sabana Yegua (Azua); Suleiny Amador extrajo RD$250,000 en Los Álamos (Santiago); y Elide de las Mercedes retiró RD$380,000 en Azua.
Al día siguiente, 25 de abril de 2026, la imputada Suleiny Amador acudió junto a Yafermi García Araujo a la sucursal del Banreservas en Jumbo Moca para retirar otros RD$52,000. En ese momento, la alerta de la entidad bancaria activó al personal de seguridad, culminando con el arresto en flagrancia de ambas mujeres.
Cuestionamientos a la seguridad y revisión de medidas
El hecho de que fuera el banco y no el propio Ayuntamiento quien detectara las transferencias anómalas ha generado críticas sobre los controles internos de la institución municipal. Ante esto, el bloque de regidores del partido Opción Democrática sometió dos instancias de solicitud de información ante el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Oleo, y la Consultoría Jurídica del cabildo, exigiendo copias de la querella formal y los documentos de soporte en el marco de sus labores de fiscalización.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Santiago no ha fijado una postura pública sobre la falla de seguridad, mientras que el Ministerio Público no ha determinado formalmente si existe complicidad o vínculo entre la red externa y personal interno de la alcaldía.
El Ministerio Público atribuye al grupo violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Las encartadas, a quienes se les impuso medida de coerción el pasado mes de abril, comparecerán nuevamente ante los tribunales este jueves 6 de agosto para la revisión obligatoria de su medida cautelar.
