Vuelven las quejas por alzas «injustificadas» en las facturas de electricidad

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Pese a las proyecciones y planes de expansión del Gobierno para estabilizar el sistema energético a largo plazo, la queja por aumentos desproporcionados en los recibos de luz se reaviva entre los usuarios de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), quienes aseguran sufrir incrementos tarifarios sin haber variado sus hábitos de consumo.

Durante un recorrido realizado por periodísticas de Listín Diario en estafetas de pago de Edesur y Edeeste en sectores del Distrito Nacional como La Cementera, Ensanche Luperón y Capotillo, se constató un descontento generalizado por alzas que, en varios casos, superan el 120 % de un mes a otro.

Obstáculos en los reclamos y fallas en el servicio

Los ciudadanos expresaron su frustración no solo por el monto de la facturación, sino por las trabas del sistema de atención al cliente:

  • Poco resultado en Protecom: Moradores que utilizan tecnología inverter señalan que sus recibos pasaron de RD$1,000 a montos entre RD$3,000 y RD$5,000. Al recurrir a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), afirman que la mayoría de las solicitudes son declaradas «improcedentes» o reciben rebajas mínimas que desmotivan el reclamo.

  • Trabas administrativas: Clientes denunciaron la asignación de supuestas deudas de inmuebles anteriores que bloquean la firma de nuevos contratos de servicio.

  • Daños por fluctuaciones: Se reportan variaciones extremas de voltaje que provocan averías en electrodomésticos, sin que las brigadas de las distribuidoras acudan a corregir las fallas técnicas.

Contraste con el discurso oficial y la demanda energética

El malestar de los usuarios contrasta con las declaraciones ofrecidas por el presidente Luis Abinader en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), donde afirmó que la gestión trabaja para dejar resuelta la crisis energética nacional con proyección hacia el año 2032.

El jefe de Estado detalló que la demanda eléctrica nacional pasó de 2,650 megavatios (MW) al inicio de su gestión a más de 4,100 MW, situación que obligó a realizar licitaciones de emergencia por más de 2,000 MW adicionales para abastecer el crecimiento del consumo. No obstante, en los sectores populares se sostiene que la expansión del sistema se percibe actualmente como una carga económica insostenible para los hogares.