La propuesta planteada por el Poder Ejecutivo para reducir a la mitad el presupuesto asignado a los partidos políticos quedó fuera del proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado 2026, aprobado de urgencia por el Senado de la República.
A pesar de las expectativas generadas tras las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la medida —que buscaba generar un ahorro estimado de RD$ 40,000 millones en el marco del plan de austeridad por el conflicto entre Irán y Estados Unidos— nunca llegó a someterse formalmente ante el Congreso Nacional.
El origen del debate y los desacuerdos
La iniciativa surgió a principios de mayo como un mecanismo de mitigación económica frente al panorama internacional. Sin embargo, generó un inmediato rechazo en el tablero político y electoral:
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Oposición política: Un bloque de ocho partidos firmó un manifiesto denunciando que la medida no constituía un plan de austeridad, sino una “reconfiguración selectiva del gasto con fines políticos” orientada a debilitar a las organizaciones de oposición y alterar las condiciones de la competencia democrática.
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Junta Central Electoral (JCE): El órgano de comicios expresó su disconformidad, advirtiendo que un receso presupuestario de tal magnitud afectaría la planificación financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones políticas reconocidas.
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Postura oficialista: Desde el Gobierno se defendió inicialmente la propuesta argumentando que respondía al propio reclamo de la oposición sobre la necesidad de que el «sacrificio fuera compartido».
Impacto financiero de la medida desestimada
Actualmente, el Estado asigna una contribución económica a las agrupaciones políticas de RD$ 1,620,000,000.00 anuales (equivalente a unos RD$ 135 millones mensuales).
De haberse aplicado la reducción del 50 %, el desembolso mensual habría bajado a RD$ 67.5 millones, permitiendo un ahorro fiscal directo de RD$ 337.5 millones entre los meses de agosto y diciembre de 2026.
Tras descartar el recorte y no especificar las razones del retiro de la iniciativa, el Gobierno encauzó la estrategia de captación de recursos mediante la promulgación de la Ley 30-26 de Medidas pro-crecimiento Económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.
