El Ministerio Público dominicano, en coordinación con autoridades judiciales de Bélgica y Países Bajos, desplegó un amplio operativo que incluyó 20 allanamientos simultáneos en el país. Las acciones forman parte de una investigación internacional dirigida a desmantelar una red criminal, integrada por dominicanos, dedicada a la trata de personas, explotación sexual y al posterior lavado de activos en territorio dominicano.
Los operativos de registro fueron coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, abarcando diversos sectores del Gran Santo Domingo (Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste), así como el municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.
En las intervenciones participaron de forma directa la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional, acompañados por miembros acreditados de las policías de Bélgica y los Países Bajos.
Modus operandi y arrestos clave
La investigación conjunta se originó en junio de 2026, tras identificarse la estructura criminal que captaba a mujeres en República Dominicana y Colombia mediante engaños, prometiéndoles un mejor futuro en Europa para luego someterlas a explotación sexual.
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Ruta de la red: Las víctimas eran trasladadas a Europa utilizando a España como país de tránsito antes de ingresar a su destino final en Bélgica.
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Detenciones y rescate: Durante las primeras fases de la operación en suelo europeo, se arrestó a los dominicanos Ana Mercedes Encarnación Mejía (señalada como la principal cabecilla y quien ya había cumplido una condena previa de cinco años por explotación sexual de un familiar) y Juana de Jesús Holguín.
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Víctimas liberadas: En el marco de estos arrestos, las autoridades belgas lograron rescatar a cinco mujeres que permanecían retenidas con fines de explotación en la residencia de Encarnación Mejía en Bélgica.
Lavado de activos en el sector inmobiliario dominicano
Las pesquisas financieras de las autoridades belgas y dominicanas revelaron que la red criminal generaba cuantiosos beneficios económicos mediante la explotación de las víctimas.
Para legalizar y reintroducir estos recursos ilícitos al sistema financiero formal, la organización criminal realizaba transferencias de divisas hacia la República Dominicana. Una vez en el país, los fondos eran blanqueados mediante la adquisición de bienes raíces (bienes inmuebles) y otras transacciones comerciales diseñadas para disimular y ocultar su verdadero origen delictivo.
Compromiso contra el crimen organizado transnacional
El procurador adjunto Wilson Camacho ponderó el éxito de la jornada e hizo hincapié en que la cooperación jurídica internacional es un pilar indispensable para desarticular redes delictivas complejas que operan de forma transfronteriza.
Por su parte, el Ministerio Público reafirmó el compromiso de la gestión encabezada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de continuar colaborando de manera estrecha con agencias internacionales bajo el amparo de los convenios internacionales vigentes, a fin de perseguir con firmeza el lavado de activos, el tráfico de personas y el crimen organizado en el país.
