Batalla legal por el caso Jet Set: Antonio Espaillat y sus empresas apelan embargo de RD$500 millones

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La defensa técnica de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat López, de manera conjunta con varias corporaciones vinculadas al colapso de la discoteca Jet Set, interpuso un recurso de apelación formal ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La acción legal busca revocar el embargo conservatorio y la inscripción de hipoteca judicial sobre sus bienes muebles e inmuebles por la suma de 500 millones de pesos.

El recurso, que también ampara a Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, fue depositado el pasado 23 de junio de 2026 a través de los juristas Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. Los imputados pretenden dejar sin efecto el ordinal séptimo de la Resolución número 057-2026-SACO-00101, dictada el 15 de junio de 2026 por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que además ordenó de manera paralela la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Espaillat.

Buscan sustitución de medidas reales por fianza

En su instancia, el cuerpo de abogados solicita formalmente modificar la modalidad de la coerción real, requiriendo que el embargo y la hipoteca judicial sean sustituidos por una fianza equivalente a la totalidad del monto económico autorizado por el magistrado. La defensa precisó en el escrito que el recurso no tiene como finalidad reducir, limitar ni eliminar la garantía económica reconocida a favor de las víctimas, sino mitigar un impacto patrimonial sobre las operaciones que resulte superior a la cuantía fijada por el propio juzgado.

La impugnación legal abarca de igual modo a las sociedades comerciales Inversiones E y L, S.R.L.; Radiocadena Comercial, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L., e Inversiones CCEP-2, S.A., entes jurídicos que también fueron enviados a juicio definitivo en el mismo proceso.

Antonio y Maribel Espaillat enfrentan cargos penales por la presunta violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, correspondientes a homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias. El órgano acusador les atribuye haber actuado con negligencia sistemática en la infraestructura, lo que desencadenó el colapso del techo del establecimiento comercial, un trágico suceso que dejó un balance oficial de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos. Se espera que en los próximos días la Corte de Apelación fije la fecha para conocer los méritos del recurso.