Con consignas como “agua sí, oro no”, miles de personas salieron a las calles este domingo en San Juan de la Maguana para expresar su oposición a la actividad minera en la zona y defender los recursos hídricos de la provincia.
La manifestación inició en el Arco del Triunfo y avanzó por distintas vías del municipio hasta llegar a la Presa de Sabaneta, donde los participantes reiteraron su rechazo al proyecto Romero, ubicado en la Cordillera Central.
Este proyecto pertenece a la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, a través de su filial en el país, y contempla la extracción de oro, cobre y plata. Según datos de la compañía, el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 1.1 millones de onzas, valoradas en unos 5,000 millones de dólares.
Durante la jornada, los manifestantes portaron pancartas, banderas y utilizaron cornetas para expresar su desacuerdo, con mensajes como “El agua vale más que el oro” y “San Juan se respeta”. También hicieron referencia a experiencias pasadas en Cotuí, mostrando preocupación por posibles impactos ambientales.
A la protesta se sumó el alcalde de la provincia, Lenin de la Rosa, quien manifestó su rechazo a proyectos mineros en la zona y afirmó que la prioridad debe ser proteger la salud y el bienestar de la población. Insistió en que la manifestación se desarrolló de manera pacífica y con un mensaje unificado en defensa del agua.
La actividad reunió personas provenientes de distintos puntos del país, incluyendo Santo Domingo, e incluso se reportaron expresiones de apoyo desde comunidades dominicanas en Nueva York.
La concentración se dirigió hacia Sabaneta, donde se ubica la presa que abastece de riego a más de 30,000 hectáreas agrícolas y genera energía hidroeléctrica, considerada una infraestructura clave para la provincia.
Al llegar a las inmediaciones de la presa, se registraron momentos de tensión cuando agentes policiales dispersaron a parte de los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y chorros de agua. Medios locales también reportaron detonaciones, mientras la zona permanecía bajo un amplio operativo de seguridad con presencia de militares y policías.
Algunos dirigentes sociales advirtieron que mantendrán su oposición al proyecto. Entre ellos, Ángelo Vásquez, quien aseguró que continuarán las acciones en defensa del territorio.
La empresa sostiene que el proyecto se desarrollaría mediante minería subterránea, argumentando que tendría un menor impacto ambiental que la explotación a cielo abierto. Sin embargo, diversos sectores de la provincia mantienen preocupación por posibles efectos ecológicos.
Hasta el momento, el proyecto no cuenta con aprobación estatal. Su viabilidad dependerá de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, que la empresa se encuentra elaborando y que se espera sea presentado en los próximos meses.
En caso de recibir autorización, la construcción y operación de la mina implicaría una inversión adicional cercana a los 300 millones de dólares, con una vida útil estimada de ocho años.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que cualquier decisión deberá basarse en criterios científicos. Señaló que es necesario completar los estudios ambientales correspondientes para determinar si el proyecto es viable o no desde el punto de vista ecológico.
El funcionario reconoció además que, aunque la minería puede generar beneficios económicos, es necesario fortalecer el impacto positivo en las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.
