SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set comparecieron ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde solicitaron justicia y un cambio en la calificación jurídica del caso.
Durante la audiencia celebrada este lunes, más de una docena de querellantes se dirigieron al juez Raymundo Mejía, a quien pidieron enviar a juicio de fondo a los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, señalados como responsables del establecimiento.
Los presentes también manifestaron inconformidad con la actitud de los imputados, alegando que no han mostrado sensibilidad frente al dolor de las familias afectadas.
Uno de los primeros en ofrecer su testimonio fue Gregorio Adames, ex empleado del centro nocturno, quien aseguró que existían fallas estructurales y eléctricas desde años anteriores. Según indicó, estas condiciones eran conocidas por los propietarios, quienes habrían priorizado mantener el negocio en funcionamiento.
De acuerdo con su declaración, desde 2023 se realizaban soluciones provisionales en el sistema eléctrico, pese a advertencias técnicas que recomendaban no operar el local en esas condiciones.
Padres, madres y familiares de víctimas también tomaron la palabra para exigir sanciones más severas. Entre ellos, Simón Bolívar Soto y Elsa Digna Mejía, quienes perdieron a su hijo en el hecho, consideraron que las evidencias apuntan a una responsabilidad más grave, como homicidio voluntario con dolo eventual.
Otros testimonios resaltaron el impacto humano de la tragedia, incluyendo casos de niños que quedaron en la orfandad y familias que dependían económicamente de las víctimas.
Algunos querellantes denunciaron intentos de acercamiento por parte de los acusados para llegar a acuerdos, lo cual fue rechazado. Asimismo, varias personas criticaron la ausencia de disculpas públicas por parte de los imputados.
Madres de víctimas expresaron el profundo dolor por la pérdida de sus hijos, describiendo las consecuencias emocionales y económicas que enfrentan desde el suceso.
Sobrevivientes también relataron lo ocurrido y reiteraron su solicitud de que el caso no sea tratado como un hecho involuntario, sino como una acción con responsabilidad consciente.
Durante la audiencia, se insistió en que las condiciones del lugar eran conocidas y que, según testimonios, pudieron haberse tomado medidas para evitar el colapso del techo que dejó un saldo de 236 fallecidos.
Entre los participantes también estuvo el hermano del fallecido merenguero Rubby Pérez, quien afirmó que el artista había expresado anteriormente inconformidades con el manejo del establecimiento.
Los querellantes coincidieron en que corresponde a la justicia dominicana establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, en un proceso que consideran clave para evitar la impunidad y responder al impacto social de la tragedia.
