La mafia corrupta, compuesta por funcionarios públicos y empresarios privados, comenzó a instalar en Senasa un esquema delincuencial desde antes de asumir el gobierno en el 2020, con el regalo de una jipeta al aún eventual incumbente de la Institución. Dos meses después de inaugurarse el nuevo gobierno, la red comenzó la operación dolosa que les permitió robarse alrededor de $15 mil millones de pesos, para sus bolsillos, desarrollando un entramado que permeó las operaciones del Seguro Nacional de Salud, durante casi cinco años.
Documentos leídos y conversaciones sostenidas con fuentes de las investigaciones -tanto de seguridad nacional como del estamento judicial- coinciden en que no hay evidencias de que parte del dinero robado fuera a parar a actividades políticas y pero sí que totalmente engrosaron el patrimonio de los implicados, quienes lo invirtieron en propiedades de lujo, expansión de compañías, constitución de nuevas empresas, jugosas cuentas bancarias y vidas de millonarios con viajes, buenos restaurantes, vacaciones por todo lo alto.
Las investigaciones determinaron que los dineros sustraidos no fueron a campañas electorales del partido oficial, toda vez que los montos de millonarios comenzaron a engrosar los bolsillos de los delincuentes luego de los comicios del 2020, como tampoco lo hicieron para la campaña de las elecciones del 2024, dado que no fue hasta octubre del 2023 cuando el presidente Abinader anunció que se lanzaría por la reelección.
‘El perro cuidando las salchichas’
La mafia que saqueó los fondos de Senasa, desde dentro y fuera de la institución, descubrió ‘callejones’ que les daba la ley 87-01. Montó su estructura corrupta en torno a las libertades que la legislación otorga al Senasa para negociar directamente con los prestadores de servicios de salud, en cuanto a tarifas, coberturas, estándares y condiciones esenciales.
Por ahí, entonces, se ‘colaron’ los ejecutivos de Senasa y un grupito de sus principales suplidores de servicios. La Ley 87-01 establecen exención de regulación de la Ley de Compras y Contrataciones, entonces 304-06, que supervisa los negocios de los departamentos del gobierno y establece la obligatoriedad de llevar a licitaciones, muy estrictas, los contratos que realiza la administración pública.
Los contratos de Senasa no se rigen por la Ley 340-06 por lo que Dirección General de Compras y Contrataciones no ejerce ninguna competencia sobre la definición de tarifas, selección de prestadores o revisión de los acuerdos, que son regulados por la Ley 87-01, estableció la DGCC en un comunicado sobre el caso, luego de que estallara el escándalo en Senasa.
La Ley 87-01, en su artículo 148 establece que las ARS deberán llenar las siguientes funciones: asumir el riesgo de garantizar a los beneficiarios una protección de calidad, oportuna y satisfactoria; racionalizar el costo de los servicios logrando niveles adecuados de productividad y eficiencia;coordinar la red de Proveedores de Servicios de Salud (PSS) para
maximizar su capacidad resolutiva; contratar y pagar en forma regular a las PSS; rendir informes periódicos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
El millonario fraude en Senasa fue dirigido, según el expediente preliminar de medidas de coerción, por el entonces director del organismo, Santiago Hazim, quien hacía galas de ser una persona de la cercanía y entera confianza del presidente Luis Abinader. Y dicen los investigadores que junto a sus principales asociados mafiosos, Hazim daba a entender que parte del dinero que robaban iría a parar a fondos para la campaña política del partido oficial, cuando realmente era para su provecho personal y de sus cómplices.
En ninguno de los interrogatorios realizados a los acusados ni a quienes siguen bajo las investigación de la Procuraduría General de la República, se ha establecido como cierto que parte del botín obtenido por los mafiosos fuera a parar a campañas políticas. “Lo más que han referido algunos es que ‘eso decían’ los jefes cuando querían una tajada mayor del pastel robado”, acotan.
Admiten las fuentes de la investigación consultadas que “eso dejaban entender los jefes de la red, como una forma de ejercer presión, dentro y fuera del entramado mafioso… Santiago Hazim era la figura en torno a la que se diseñó esa percepción, ya que este se proclamaba como un recaudador, lo que dejaba entrever en cada oportunidad. Se ha determinado que ello era un ‘enganche’ que la mafia usaba para hacer creer que el robo que cometían estaba ‘blindado’ por el poder político”.
Rechazo categórico
El PRM rechazó de manera categórica “cualquier intento de vincular a nuestra organización o nuestras campañas con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos” y puntualizó que fue el gobierno que identificó, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos “como una señal inequívoca de estar totalmente alejado de estas prácticas”.
Y dijo que el gobierno como acusador, no como cómplice, por instrucción directa del presidente Abinader, fue que ordenó que el Senasa se constituyera en actor civil “para asegurar que los responsables no solo enfrenten sanciones penales, sino que devuelvan cada centavo sustraído”.
El ‘sector externo’
Según relacionados del médico, Santiago Hazim conoció a Luis Abinader apenas unos años antes de las campañas eleccionarias del 2020 pero habría logrado generar una persepción de acercamiento tal que se vendía como ‘un amigo de la familia’ reclamando que en una ocasión, como médico, habría asistido a uno de los miembros prominentes de la familia Abinader.
“Era un encatador de serpientes y a todos les vendió que era un hombre del poder”, comentan los investigadores. “De ahí que muchos le creían la versión de que parte del dinero fraudulento iba para la campaña del partido, un argumento del que se valían, también, los principales cabecillas del entramado y que irradiaban a sus compinches para ‘recolectar’ mayores tajadas de los núcleos operadores del fraude diseminados en diferentes renglones del negocio de prestaciones de servicios de salud”, agregan.
Aseguran las fuentes de la investigación que “todo va a salir muy claro, cuando el expediente esté completo, finalmente instrumentalizado, puesto en manos de los jueces y, por ende, de conocimiento de la sociedad… así como en la segunda parte, denominada Senasa 2.0, donde se verá claramente como los montos multimillonarios robados encajan perfectamente con los volúmenes de las fortunas crecientes en estos últimos años, las millonarias inversiones y en cuentas, en el país y el extranjero, de los que montaron y operaron la estructura ilegal con contratos y de las acciones dolosas que afectaron a Senasa”.
Los principales cabecillas del entramado mafioso identificados hasta el momento, están encartados con diversas medidas de coerción, mientras se ultiman los detalles para imputar a otros relacionados con el caso, que incluyen proveedores de equipos, insumos, servicios médicos, medicamentos, investigación que se ha etiquetado como Senasa 2.0.
Corre de boca en boca la versión -cuentan los investigadores e incluso refieren algunos de los interrogados y/o encartados en el expediente, de manera jocosa y/o como un caso emblemático- que del dinero recaudado en una cena para fondos de campaña, organizada por ese grupo del ‘sector externo’, se habrían recaudado unos $70 millones de pesos “pero lo que llegó al partido fue menos de $15 millones y que el resto se lo repartieron los mafiosos…” o sea, que la red corrupta era tan osada, que “hasta al propio partido oficial engañaron…”.
