Los abogados de los acusados en el supuesto caso de corrupción administrativa dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentaron de manera oficial recursos de apelación contra la medida que impuso 18 meses de prisión preventiva a los principales implicados.
Mediante estas acciones legales se procura anular la decisión adoptada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien también otorgó al proceso la calificación de caso complejo.
Las apelaciones fueron interpuestas de forma individual por los juristas Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes manifestaron su desacuerdo con el fallo emitido por el tribunal.
Luego de este procedimiento, el expediente será enviado a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, encabezada por el magistrado Julio César Canó Alfau, quien se encargará de asignar la sala penal que conocerá el recurso.
Entre los imputados que cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras y en el penal de Najayo figuran Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De igual forma, el tribunal recibió un recurso de apelación interpuesto por la parte querellante, representada por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes cumplen medidas como arresto domiciliario, prohibición de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y el pago de una garantía económica.
Señalamientos del Ministerio Público
De acuerdo con el Ministerio Público, la red delictiva habría operado por varios años, ocasionando un perjuicio económico de miles de millones de pesos al sistema público de salud.
Las acusaciones incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y utilización de documentos fraudulentos.
Investigación abierta
El órgano persecutor recalcó que el proceso aún continúa en desarrollo. Además de los imputados actuales, otras personas físicas y entidades jurídicas siguen siendo investigadas.
Las autoridades no descartan que, conforme avancen las pesquisas, se presenten nuevas acciones judiciales relacionadas con este cuantioso desfalco.
