El acuerdo a que arribaron el pasado miércoles el presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, provocó ayer un amplio rechazo entre dirigentes políticos de partidos opositores, por entender que viola la Constitución de la República y compromete la soberanía nacional.
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, calificó como violatoria de la carta magna dominicana la decisión del gobierno de Abinader de autorizar al Departamento de Guerra de Estados Unidos el uso de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas militares.
Moreno advirtió que, aunque el Gobierno presenta el acuerdo como cooperación contra el narcotráfico, “en realidad se facilita la preparación de acciones militares contra Venezuela y Colombia, países hermanos de la República Dominicana”.
El dirigente político consideró que esta decisión compromete la neutralidad del país y contraviene principios constitucionales, así como tratados internacionales que promueven la no intervención y la solución pacífica de conflictos.
“El Caribe y América Latina deben preservarse como zona de paz. Es inadmisible que el Gobierno comprometa al país en conflictos armados ajenos”, expresó Moreno, un aliado del Partido Revolucionado Moderno (PRM) y del presidente Abinader en las pasadas elecciones.
El presidente de Alianza País recordó que República Dominicana ha sido víctima de dos intervenciones militares estadounidenses, por lo que tiene “la obligación moral y política de rechazar cualquier acción que permita o facilite agresiones contra otros pueblos latinoamericanos”.
Moreno exhortó al Gobierno a revertir la medida y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “Debemos actuar con dignidad, respetando nuestra historia y nuestra soberanía. El país no puede ser plataforma de confrontación militar ni instrumento de intereses externos”, añadió.
Nueva claudicación
El Frente Amplio manifestó también su rechazo a la decisión del presidente Abinader de autorizar a Estados Unidos a usar dos importantes espacios aéreos del país para operaciones logísticas bajo el alegato de la “lucha contra el narcotráfico”.
La organización política calificó la medida como una nueva claudicación del Gobierno ante los intereses militares de Estados Unidos.
Advirtió que esta autorización viola principios esenciales del orden jurídico constitucional, abre brechas peligrosas en materia de soberanía nacional y expone al país a ser utilizado como plataforma en conflictos ajenos, particularmente en el contexto de la creciente confrontación de Washington con Venezuela.
La organización recordó que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0315/15, estableció claramente que acuerdos que otorgan facilidades extraordinarias, inmunidades, privilegios o presencia militar extranjera, sin límites claros y sin supervisión efectiva dominicana, son inconstitucionales y socavan la soberanía nacional.
Recordó que en dicha decisión la alta corte precisó que permitir la presencia de fuerzas militares de otro país en el territorio dominicano por tiempo indeterminado, o sin control jurisdiccional dominicano, constituye un riesgo directo a la independencia y a la integridad del Estado.
María Teresa Cabrera, dirigente de la entidad, señaló que, aunque el Gobierno intente presentar este permiso como “limitado y temporal”, constituye un precedente gravísimo.
“No se puede legitimar la entrada de fuerzas militares extranjeras al territorio nacional bajo pretextos ambiguos. Cada vez que la República Dominicana cede territorio, instalaciones, espacio aéreo o facilidades militares, renuncia a una parte de su capacidad soberana. Y ese es un camino sin retorno”, afirmó.
RD debe ser imparcial
La organización política, advirtió que permitir bases logísticas de Estados Unidos en aeropuertos dominicanos, precisamente en un momento de tensión creciente con Venezuela y con declaraciones recientes de altos funcionarios estadounidenses, coloca al país en una posición geopolítica sumamente delicada.
“República Dominicana no puede ser usada como trampolín para operaciones militares, encubiertas o abiertas, contra ningún país de la región. Menos aún contra un Estado con el cual compartimos vínculos históricos, comerciales, migratorios y diplomáticos”, expresó el Frente Amplio en un comunicado de prensa.
Destacó también que el principio de no intervención es pilar de la política exterior dominicana y está claramente establecido en el artículo 3 de la Constitución.
Cabrera reiteró que la lucha contra el narcotráfico no debe utilizarse como excusa para ponerse al servicio de la agresión a un pueblo hermano como Venezuela.
“La experiencia histórica demuestra que cada vez que se abre una puerta a la injerencia militar de una potencia extranjera, esa puerta nunca vuelve a cerrarse del todo. La defensa de la soberanía no es un gesto nacionalista vacío: es una condición para garantizar los derechos, la paz y la autodeterminación del pueblo dominicano”, declaró.
El partido político opositor reclamó al presidente Abinader a revocar de inmediato la autorización otorgada a Estados Unidos.
Asimismo, sugirió someter cualquier acuerdo o presencia militar extranjera a los controles constitucionales, incluida la autorización del Senado de la República, como establece el artículo 80 de la constitución dominicana y garantizar que el país no sea parte, directa ni indirecta, de operaciones militares contra ningún Estado soberano de la región.
Entrega soberanía
El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) y exdiputado Rafael Méndez estimó que el presidente Abinader “ha violado gravemente la soberanía nacional” al autorizar a Estados Unidos a usar zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), convirtiendo a la República Dominicana en “cabeza de playa para operaciones militares extranjeras”.
Méndez afirmó que la medida, presentada como cooperación antidrogas, “se inserta en la estrategia de confrontación militar de Washington contra países de Suramérica, especialmente Venezuela y Colombia”, lo que a su juicio expone al país como plataforma para una futura agresión contra naciones hermanas.
“El presidente no solo cede espacios estratégicos a quienes ya han mancillado esta tierra en 1916 y 1965, sino que además lo agradece públicamente, como si la República Dominicana fuese propiedad del amo del Norte”, sostuvo el dirigente de la Fuerza del Pueblo.
El exlegislador advirtió que “la historia prueba que cada vez que el imperio utiliza nuestro territorio como base militar, el resultado es sometimiento, sangre, dictadura o intervención”.
Méndez advirtió que esta decisión constituye una herida directa a la memoria del expresidente Juan Bosch y de los héroes constitucionalistas de abril de 1965 y en 1916.
Llamó a las organizaciones sociales, a los sectores democráticos y al pueblo dominicano “a repudiar este acto de sumisión que coloca a la patria como garrote de intereses extranjeros”, subrayando que “la soberanía no se alquila, no se regala y no se entrega jamás”.
