El uso de la inteligencia artificial se hace cada día más común para satisfacer necesidades académicas, producir contenidos, ideas y resolver problemas del diario vivir. Sin embargo, su potencial ofrece grandes oportunidades para revolucionar el servicio público, haciéndolo más ágil, accesible, y eficiente.
El Instituto Alan Turing del Reino Unido, estima que la IA podría automatizar el 84% de las transacciones repetitivas del servicio público en ese país, ahorrando el equivalente a 1,200 años/persona de trabajo al año. El dato está contenido en el informe «Gobernar con IA» publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La organización apunta que, a pesar de su potencial, el uso de la IA por parte de los gobiernos sigue siendo rezagado respecto al sector privado, aunque ya se está utilizando en sectores como justicia, salud, participación cívica, inteligencia comercial, administración tributaria, compras públicas, y otras áreas.
Al analizar el uso de la IA en 11 funciones centrales de la administración pública de 200 casos prácticos, la OCDE detectó que la inteligencia artificial se utiliza con mayor frecuencia en la prestación de servicios públicos, justicia y participación cívica, mientras que su presencia es relativamente menor en áreas como la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma de la función pública.
Agrega que a medio camino se encuentran la contratación pública, la gestión financiera, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública, y el diseño e implementación de la regulación.
El estudio refiere que algunos sectores se enfrentan a mayores limitaciones normativas, como Hacienda y la administración tributaria, dada la normativa sobre el uso de datos fiscales, pero afirma que en algunas funciones, como la administración de justicia, las demandas públicas y los crecientes retrasos en las transacciones podrían precipitar la adopción de la IA como una oportunidad para abordar desafíos urgentes.
Riesgos de la ia en la administración pública
Aunque los gobiernos están emplazados a acelerar sus procesos de transformación digital y asumir los beneficios de las innovaciones tecnológicas en favor de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, esto no significa que existan innumerables riesgos que hay que mitigar.
Según el informe de la OCDE, los algoritmos sesgados pueden dar lugar a resultados negativos; el uso indebido de la IA puede infringir o impedir el libre ejercicio de los derechos humanos; la insuficiente transparencia, explicabilidad y comprensión pública de la IA puede erosionar la responsabilidad y causar resistencia pública; y la dependencia excesiva de la IA puede ampliar las brechas digitales y permitir que se propaguen errores sistémicos, debilitando la confianza de la ciudadanía en el gobierno.
Indica que estos riesgos pueden verse amplificados en países que carecen de los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio, la protección y la promoción de los derechos humanos, o pueden resultar en un uso indebido de la IA por parte de funcionarios públicos a título individual.
Como un dato que impone preocupación por su impacto en el empleo, la organización sostiene que la automatización de los servicios públicos podría propiciar un desplazamiento de la fuerza laboral de la función pública, si los gobiernos buscan reemplazar en lugar de aumentar las capacidades de los funcionarios públicos.
Aún cuando reconoce los desafíos en la implementación de la IA para los gobiernos, el análisis señala como un riesgo mayor que el sector gubernamental no la aprovechen, apuntando que eso se traduciría en un aumento de la brecha entre las capacidades del sector público y el privado.
Desafíos latentes
En la mayoría de países que componen la OCDE, las iniciativas gubernamentales en base a la IA se encuentran en fase piloto, sin embargo estas experiencias han permitido visualizar los desafíos pendientes, como las brechas de habilidades y dificultades para obtener y compartir datos de calidad se encuentran a lo largo de todas las funciones gubernamentales.
Expone que, aunque las estrategias de IA en los gobiernos son comunes, la falta de directrices concretas dificulta su puesta en práctica. Además, la insuficiencia de mecanismos de supervisión y evaluación limita su capacidad para medir los avances, detectar riesgos y demostrar el rendimiento de la inversión.
«Los costos financieros también son un desafío común.
Algunos desafíos son más frecuentes en algunas funciones que en otras. Por ejemplo, la administración tributaria enfrenta leyes y normas complejas en torno a los procesos y datos fiscales, mientras que la contratación pública enfrenta la falta de normas establecidas en torno a la IA», enfatiza el informe en su resumen ejecutivo.
Un desafío importante que refiere la investigación es la limitación que imponen infraestructuras heredadas y obsoletas para el uso de la IA en funciones como la gestión de las finanzas públicas.
Acciones para el uso confiable de la ia
La OCDE, en su decisión de incentivar a los gobiernos a dar prioridad a las aplicaciones de IA de alto beneficio y bajo riesgo, plantea en el documento publicado en su portal, algunas sugerencia para aprovechar los beneficios de la IA y mitigar sus riesgos en el sector público. Expone que se deben poner en marcha los siguientes ejes.
Habilitadores para promover una adopción confiable, como la gobernanza, los datos, la infraestructura digital, las competencias digitales, las inversiones financieras, la agilidad de los procesos de contratación y la capacidad para asociarse con agentes no gubernamentales.
Salvaguardas para orientar el uso de la IA, incluidas normas y políticas, directrices y marcos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que abarquen el ciclo de vida del sistema de IA, y órganos de supervisión y asesoramiento para orientar y evaluar su implementación.
Participación para impulsar políticas y casos de uso receptivos y centrados en el usuario, que contemplen mecanismos para interactuar con las principales partes interesadas, incluido el público, la sociedad civil y las empresas.
