Diez hombres, militares y civiles, están siendo acusados por el Ministerio Público de ser parte de una red criminal que se dedicaba a estafar el Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecen servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
De acuerdo al expediente del órgano acusador, los implicados constituyeron una estructura criminal en las instituciones públicas como el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La red estaba conformada por servidores públicos, encargados de seguridad institucional, miembros de los comités de compras y contrataciones, y personal administrativo vinculado al procesamiento y pago de facturas.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, estos actuaban de manera coordinada para favorecer a determinadas empresas que ofrecen servicios de seguridad privada a cambio de sobornos, manipulando los procesos de contratación para garantizar la continuidad de los contratos de forma irregular.
Para el cobro de sobornos, los funcionarios involucrados pedían a las empresas contratistas entre un 5 % y un 10 % del valor total de la facturación mensual. Según explica el Ministerio Público, esta cuota era exigida para garantizar a las empresas la continuidad del contrato, agilizar los pagos y eliminar trabas administrativas.
Los funcionarios de entidades públicas obstruyeron la ejecución de contratos adjudicados a varias compañías con el objetivo de extorsionar a los contratistas. Las obstrucciones se llevaban a cabo estableciendo trabas administrativas y burocráticas, así como la negación de información esencial sobre los requerimientos y condiciones necesarias para la instalación de los servicios de seguridad.
Estas acciones tenían como objetivo forzar a las empresas contratistas a ofrecer sobornos a cambio de la posibilidad de cumplir con los compromisos contractuales.
Los funcionarios involucrados manipularon las licitaciones para asegurar que los contratistas seleccionados fueran aquellos dispuestos a cumplir con los pagos ilícitos, sin importar si estos si cumplían o no con los requisitos técnicos o económicos establecidos en las convocatorias.
“Debilitaron, deliberadamente los mecanismos institucionales supervisión, subordinando el sistema de recepción de servicios a los directores de seguridad, quienes actuaban como garantes del esquema ilícito a cambio de beneficios económicos personales”, explicó el MP.
Para canalizar sobornos, utilizaron intermediaros con el propósito de ocultar la identidad de los funcionarios que se beneficiaban de los contratos, y también dificultar la trazabilidad del dinero.
Los intermediarios fungían como enlaces entre las empresas contratistas los servidores públicos, recibiendo los pagos, y distribuyéndolos conforme a los acuerdos previamente establecidos dentro de la estructura criminal.
El documento señala que los imputados realizaron pagos indebidos por servicios no prestados, sobrecostos por ampliaciones del contrato no autorizadas, facturación previa a la adjudicación formal de contratos y la omisión de retenciones impositivas, lo que implicó pérdidas millonarias para las arcas públicas.
Asimismo, realizaron maniobras fraudulentas al presentar documentación inconsistente, incluyendo certificados de personal no cotizantes, licencias vencidas y capacitaciones inexistentes o simuladas; lo que evidencia, según el organismo acusador, una intención deliberada para cometer las conductas atribuidas a estas y sus gerentes.
“Se cobró al Estado mediante el uso de facturas antedatadas, certificaciones ficticias y el control simulado o inadecuado de la recepción del servicio contratado”, declaró el Ministerio Público.
Acusados
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército.
También se incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, así como al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
