Tal como lo ha dispuesto el presidente Luis Abinader, los operativos migratorios se han intensificado a fin de alcanzar la meta de repatriar a 10,000 inmigrantes irregulares por semana.
En Santiago, la presencia militar, de agentes de Migración, sus famosas “camionas” y la Policía Nacional en las calles, ha incrementado, y con ellos, las constantes denuncias de abuso de poder y maltratos, incluyendo, la detención de ciudadanos dominicanos.
Hacinados y sin comida
La desesperación de cientos de migrantes detenidos en el centro de acopio sobresale hasta las afueras del lugar. El olor y los escándalos penetran el portón del departamento de Migración aquí en Santiago.
Adentro, el panorama es todavía peor. De acuerdo a Jumilce Valcin, un pastor haitiano que facilidades para entrar al recinto y asistir a los detenidos, se estima que hay de entre 60 a 80 personas por habitación o celda, por lo que “algunos no pueden ni respirar, de tanta gente”.
Allí hay migrantes que han permanecido apresados hasta por dos días, donde no se permite entrar comida, solo una botella de agua. A este centro de acopio de Santiago llega gente detenida en otras demarcaciones, como Moca.
Una vez llegan al recinto, tienen derecho a una llamada para avisar que han sido detenidos y puedan llevarles lo que necesitan para salir o para su viaje de retorno a Haití.
Afuera del centro de detención, muchos familiares, allegados y empleadores dijeron estar de acuerdo con la repatriación de las personas con estatus ilegales, siempre y cuando se les respete su dignidad humana y no los maltraten.
Caso de menores
Varios nacionales haitianos de los que permanecían en las afueras del centro de migración de Santiago, esperaban que dejaran en libertad a sus hijos o dependientes menores de edad, quienes habían sido apresados mientras se dirigían a la escuela y otros mientras trabajaban.
Un hombre, que prefirió no identificarse, contó que a sus dos hijos se los llevaron a pesar de haberse identificados como menores de edad y les enseñaron su mochila con cuadernos y libros mientras se dirigían a la escuela.
Otro caso es el de Lenny Pérez, una mujer que tenía a un menor haitiano trabajando como delivery. Cuenta que es un muchacho bueno, que todo lo que consigue es para comprarle medicina a su madre, que está enferma de cáncer.
“El se iba a montar en el motor, (a llevar un pedido) y llegó migración y lo montó, yo les dije, mira él es menor, trabaja aquí, su mamá tiene cáncer y vive a una esquina, yo te puedo llevar donde ella, y me dijeron no, yo le enseñé el carnet de escuela y me dijeron “quítenme eso de ahí que él es haitiano”, y para adentro se lo llevaron”, contó Pérez a LISTIN DIARIO.
Asimismo, Lenny atestiguó como un guardia rompió un documento de identidad que un nacional haitiano le estaba mostrando.
Dominicanos apresados
Miguelina Barrientos, es una madre dominicana residente en la provincia de Montecristi, quien se encontraba afuera del centro de Migración de Santiago, buscando a su hijo a quien los guardias apresaron “por ser negro”.
Cuenta que el muchacho fue detenido mientras compraba una comida en Villa Vásquez, “porque ahora uno no puede ser de color negro, ahora es un delito ser negro, porque uno es negro ahora uno es haitiano”.
Dice que después de una larga espera, cuando le permitieron pasar a ver a su hijo, este le dijo “sácame de aquí, que yo no soy ningún haitiano”. Miguelina indicó que después de mostrar la cédula dominicana, el pasaporte y residencia americana de su hijo, fue dejado en libertad, pero que cuando é llegó al centro y se identificó como dominicano, un guardia le pidió 500 pesos.
El retorno
Si bien miles son deportados diariamente, otros tantos regresan a los pocos días. Contadas por los mismos haitianos, estas son las historias de su travesía para volver y cuanto les cuesta:
“Entre 9 y 10 mil pesos si es en vehículo como motoconchos, carros y yipetas que ya tienen el negocio cuadrado con los agentes de migración en la frontera. Si es por el monte, cinco o seis días caminando, son entre 4 y 5 mil pesos”, explica un nacional haitiano conocido como Chipa, quien trabaja en la agricultura de República Dominicana desde hace 18 años.
A él lo han deportado a Haití en cuatro ocasiones. La última vez, un viernes de hace aproximadamente dos meses, fue detenido cuando iba de camino a su trabajo. Cuenta que le faltaron 200 pesos para pagar 10 mil, por el viaje de retorno con un motoconcho.
“Se le paga a los motoconchos, migración los para pero ellos pagan el peaje a los guardia los dejan seguir”, indicó. Dice que los agentes de migración ya conocen a los choferes que se dedican a este trabajo de movilizar a los ilegales, y por eso no los detienen.
Asimismo, otro nacional haitiano identificado como Lele, dice que una sola vez lo llevaron preso, ya que antes, con su carnet de trabajo podían venir al país “normal”, pagando su pasaje, pero ahora, es escondido. “si tu no vienes escondido, la guardia y migración te devuelven para atrás”
Cuenta que el problema es que “venir escondido sale más caro, entre 10 mil y 9 mil pesos”. Explica que la guardia coordina con haitianos que conocen, ellos pagan y los agentes dejan el espacio libre para que ellos crucen.
Asegura que actualmente, tienen miedo porque no pueden salir a trabajar, “uno sale de trabajar cansado, explotado y la guardia de una vez se lo lleva a uno”, dijo, asegurando que “uno viene aquí atrás del trabajo y después a pasar mucho trabajo cuando lo agarran”.
Dijo además, estar de acuerdo con que se deporten a los ilegales, “porque ese su trabajo”, pero la manera no es la correcta. “Meten a todos en ese calentón de la camiona, niñas, niños, mujeres embarazadas, a todos”, puntualizó.
Sector bananero
El sector agrícola, sobre todo el bananero en la provincia Valverde, es uno de los que más se ven afectados por la deportación masiva de nacionales haitianos, ya que son su principal mano de obra.
Francis Polanco, un productor bananero de la zona, explicó que “hay un mito sobre todo en el criterio de que se emplea mano de obra haitiana porque es más barata, negativo, ya las cosas han cambiado muchísimo a nivel de campo en ese sentido, pero básicamente también porque el dominicano no quiere trabajar el campo, no quiere ir acá”.
Dice que en los últimos días la presión ha aumento, “antes ellos andaban en un motor y una camioneta ahora andan tres motores y dos camiones”, sin embargo, los primeros días se ve el resultado y luego ya no.
Polanco Entiende que los funcionarios deben buscar las soluciones y alternativas para regularizar a los trabajadores del campo y de otros sectores como la construcción. O bien, que los controles sean en todas partes, no solo en las partes críticas o donde hay comercio.
“Yo tengo trabajadores que se lo llevan hoy, y ocho mil pesos después, a los cuatro días ya están aquí otra vez”, puntualizó.
Indicó que anteriormente, a través de la Asociación Dominicana de Productores de Banano, Inc. (Adobanano), se emitió un carnet que les permitía a ellos, por el hecho de que estaban trabajando, permanecer aquí, pero los guardias se lo están quitando. “Ellos muestran el carnet a los agentes y ellos dicen que no lo reconocen porque no se hizo un acuerdo con migración. Pues si eso es lo que hay que hacer, vamos a hacer el acuerdo”.
Plan de regularización
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) de la República Dominicana fue implementado en 2013 como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC-0168-13) y se basó en el Decreto 327-13, diseñado para regularizar a los extranjeros en situación migratoria irregular que residían en el país antes de 2011, permitiendo que más de 288,000 personas obtuvieran un estatus legal.
Sin embargo, el PNRE emitió sus últimos documentos importantes a mediados de 2017, cuando los permisos iniciales otorgados durante la regularización comenzaron a vencer. Durante ese período, se emitieron alrededor de 230,065 carnés para personas que lograron obtener un estatus migratorio regular.
Este plan tuvo una duración inicial de 18 meses, durante los cuales las personas podían solicitar su regularización. Sin embargo, desde el vencimiento de los permisos iniciales en 2017, se ha evidenciado que el proceso ha sido problemático. Una auditoría realizada en 2022 mostró que 97% de los extranjeros regularizados no cumplieron con todos los requisitos, lo que ha llevado a dificultades para mantener la continuidad y eficacia del plan.
