Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don), el principal implicado en la Operación Búfalo NK y otras dos implicadas, admitieron su culpabilidad de formar parte de la red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos en el país.
Inoa Santana, su pareja sentimental Germania Mercedes Natalia Román y Maritza Flete Santana (Karilia) , admitieron su responsabilidad ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que conoce una solicitud de medida de coerción en su contra y la declaratoria de caso complejo.
Así lo informó a la salida del tribunal Sorelly Jaquez Vialet, procuradora de Corte, quien subió a la audiencia con los fiscales Andrés Mena y Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público que dirige la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
El tribunal presidido por el juez Rigoberto Sena, aplazó la audiencia para este jueves a las 2:00 de la tarde, a fin de continuar con la réplica y contrarréplica del Ministerio Público y de la defensa de los implicados, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína procedente desde Colombia y Venezuela.
En la instancia, el Ministerio Público también pide que se imponga prisión a los imputados Juan Bolívar Hernández, Juan Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavarez, Seriano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natalia Román, Maritza Flete Santana (Karilia) Robert Nicolás Aosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
En la instancia, que consta de más de 200 páginas, los fiscales sostienen que es indiscutible, que el presente caso tiene todas las características de un caso del crimen organizado, ya que se trata de una investigación por la comisión de diversos delitos, materializado a través de un entramado criminal, dirigido a cometer crímenes como el lavado de activos y la asociación de malhechores.
Sostienen que la pluralidad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la cantidad de investigados y víctimas del proceso, así como la posible pena a imponer en juicio de fondo, la cual puede ser hasta 20 años de prisión y que se hace necesario que el presente caso sea declarado complejo con todas sus consecuencias.
El grupo fue arrestado durante operativo simultáneo desplegado por aire, mar y tierra, en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, por miembros del ministerio público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción los imputados de la red habrían movilizado otros grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela) hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Sostiene que una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, en donde, en ocasiones, se triplicaba el valor de estas, generando ganancias ilícitas exorbitantes para los miembros de la estructura.