La tesis que el mandatario y su esposa hicieron conjuntamente tenía un 54% de coincidencia con otros autores, según reveló un programa de televisión
El presidente peruano Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, están siendo investigados por plagio agravado y cobro indebido, según ha informado este jueves el Ministerio Público. Antes de llegar a Palacio de Gobierno en julio pasado, ambos eran maestros de escuela rural y su salario era mayor al promedio porque cursaron una maestría en una universidad propiedad del excandidato presidencial César Acuña. Pero, según se ha sabido recientemente, la pareja lo consiguió con credenciales dudosas. El domingo, un programa de televisión reveló que el marco teórico de la tesis que el mandatario y su esposa hicieron conjuntamente tenía un 54% de coincidencia con otros autores, lo que ha llevado a la Fiscalía de Cajamarca, en el norte del país, a abrir la investigación.
Castillo y la primera dama Lilia Paredes obtuvieron la maestría en Psicología Educativa con una investigación de 121 páginas que presentaron en 2011, luego de estudiar cursos los fines de semana en la sede de Tacabamba -distrito de la región Cajamarca, donde trabajaban- de la Universidad César Vallejo. Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece informó en marzo que dicha sede fue cerrada en 2017 por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) porque no tenía autorización de la autoridad educativa para operar.
Por su parte, el programa de televisión Panorama documentó otra deficiencia en la tesis de los entonces maestros rurales: de los dos expertos que validaron los instrumentos de la investigación: uno no existe y, el otro, según el DNI, corresponde a otra persona. Con esos elementos, la fiscalía ha decidido abrir una investigación adicional a Castillo y Paredes por falsedad genérica. El Ministerio Público comunicó que la pesquisa está a cargo de un fiscal provincial del distrito de Tacabamba, en Cajamarca. Debido que los hechos no corresponden al ejercicio de la función como presidente, el magistrado puede investigar y eventualmente acusar al mandatario.
El Congreso vota volver al Viejo Oeste educativo
El abogado de Castillo Eduardo Pachas ha alegado en una entrevista con el Canal N que lo que hicieron el presidente y su esposa no fue plagio y que no era ilegal de acuerdo a las normas de la época, antes de la reforma universitaria de 2014, que estableció estándares de calidad, debido a que miles de estudiantes eran estafados con una formación deficiente que nadie supervisaba. Además, atribuyó los problemas de la tesis al asesor y a los siete miembros del jurado que la dieron por válida. “Puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico”, afirmó.
En 2014, Perú aprobó una Ley Universitaria que, entre otros aspectos, creó una superintendencia para evitar la estafa a miles de estudiantes que pagaban a las universidades con fines de lucro por una educación de mala calidad, que además era impartida en garajes, en el segundo piso de restaurantes de comida china, o en coliseos, como reveló el semanario Hildebrandt en sus trece sobre la sede de Tacabamba de la universidad César Vallejo, donde estudió la ahora pareja presidencial.
Con este escándalo como trasfondo, el Congreso aprobó el miércoles, con votos del oficialismo y de la oposición, anular esa superintendencia que regula las universidades, en una especie de vuelta al Viejo Oeste en la educación superior.
Los problemas hallados por la prensa respecto del dudoso título de maestría que obtuvieron el presidente y la primera dama no han hecho más que incrementar el rechazo al Parlamento que, desde que se instaló en julio del año pasado, pretendía cerrar la superintendencia de la educación universitaria. Varios congresistas de diversos partidos representan o son propietarios de las universidades que Sunedu cerró por no cumplir con los estándares mínimos para obtener la licencia de educación superior.
Según la superintendencia, en 2014 existían 145 universidades, y de ellas solo 94 lograron alcanzar los estándares para continuar dando servicios. La tarde del miércoles, con votos de las bancadas del oficialista Perú Libre y de Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular (los más importantes de la oposición), el Congreso eliminó la atribución reguladora de Sunedu y modificó la conformación del consejo directivo. Antes -salvo el presidente de la entidad- los miembros del consejo directivo entraban por concurso de méritos, pero de acuerdo a la norma que aprobó el Legislativo, ahora se sentarán allí los representantes de las universidades.
Retroceso en política educativa
“Parte del gran cambio de la reforma universitaria es la nueva ley de 2014 y los estándares (de calidad) a los que obligan a las universidades. Por ejemplo, las tesis pasan a repositorios, es decir, hay una cierta regulación”, explica la socióloga y catedrática Teresa Quiroz, exdirectora del Instituto de Investigación de la Universidad de Lima. ”Con la creación de Sunedu mejora la calidad, el control interno, las exigencias y se establecen diferencias importantes en las tesis de licenciatura, maestría y doctorado”, precisa.
En noviembre de 2020, parte de las grandes manifestaciones ciudadanas en el país andino tuvieron como centro la defensa de la reforma universitaria y la calidad de la educación superior, amenazadas por el Gobierno interino de Manuel Merino y el Congreso de entonces. Este jueves, el Consorcio de Universidades Privadas, las once principales universidades públicas, y organizaciones de especialistas en política educativa han difundido comunicados en respaldo a la superintendencia (Sunedu) y de rechazo al Parlamento.
A ellos se han sumado más pronunciamientos para defender la reforma universitaria: entre ellos los de las ocho principales federaciones de estudiantes universitarios de la capital y los rectores de 38 universidades públicas del país. Además, el canciller César Landa, exmiembro del Tribunal Constitucional, se expresó por la continuidad de la Sunedu, debido a que fue creada para garantizar el derecho constitucional a una educación de calidad.
El presidente Castillo puede objetar las normas enviadas por el Parlamento, pero éste podría promulgarla mediante una figura que se denomina “aprobación por insistencia”, que usa continuamente como parte de la tensión con el Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos años este ha sido uno de los casos en que los poderes continuamente en disputa han coincidido en un interés común: mantener el lucrativo negocio de la educación de baja calidad. Lo aprobado por el Congreso “esconde un propósito oscuro: volver a un viejo orden sin supervisión de ningún tipo”, dijo este jueves el superintendente Oswaldo Zegarra en una conferencia de prensa, acompañado por el consejo directivo de Sunedu.
Zegarra precisó que la nueva norma le quita a la entidad la función de órgano técnico especializado y ya no lo considera órgano regulador. “La piedra angular en un regulador es que los supervisados no se supervisen a sí mismos”, agregó. Los abogados César Azabache y Luciano López, en coordinación con asociaciones civiles especializadas en políticas educativas se han propuesto reunir 5.000 firmas de ciudadanos para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el Congreso y defender la reforma universitaria, según anunciaron en Twitter.
Fuente: El País.com
