El Poder Ejecutivo de la República Dominicana, promulgó el día 24 de enero del 2019 le Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, esta ley de 131 artículos tiene una serie de incongruencias y desnaturalizaciones que rayan en el abuso legal y complicidad.
Uno de esos abusos está contemplados en el artículo 16 párrafos II, que establece, que los miembros de la Junta Directiva Nacional no pueden ser sustituidos de ninguna manera, entonces si cometen infracciones y delitos no pueden ser sustituidos de ninguna forma, esta inmunidad es mayor que la del presidente de la República Dominicana, los legisladores, los diplomáticos o cualquier régimen legal considerado correcto y sano.
Otra situación grave es la desnaturalización de efecto del artículo 75, que ordena al presidente y al tesorero presentar declaración jurada, tanto para los electos como para los salientes, sin embargo para el presidente actual, se fijó la disposición general quinta, que lo exonera de presentar declaración jurada, porque según esta disposición a este le resta menos de un año de mandato en el segundo periodo de su elección, lo que significa que el presidente actual o tiene mucha suerte o en el Colegio de Abogados hay acciones dolosas muy graves que se intentan esconder, hechos que pudieran contar con la participación de un grupo organizado, con poder para hacer lo que sea necesario para su propia protección.
Siguiendo la ruta y conducta de la Ley 3-19 aprobada, al parecer el problema oculto es serio, grave, Concordante, comprometedor y económico, pues el artículo 72, letra 3 de la nueva pieza legislativa, ordena que a las seccionales o Distrito Judiciales se le entregue el 20% de los ingresos brutos del Colegio de Abogados ¿y qué sucedió para torcer ese mandato de la ley? Que el presidente del gremio de abogados puso a circular una comunicación supuestamente firmada por el Tesorero Nacional, donde da constancia de que este solo entregó aproximadamente Dos Millones Setecientos Mil Pesos en el mes de diciembre del 2018, es decir, a parecer todo se hizo con el objeto de esconder que en el colegio ingresan según cifras extraoficiales más de 17 millones mensuales, de los cuales un 20%, serian de los Distritos Judiciales o seccionales, o sea sumas millonarias deben ser entregadas, pero en la cuenta y mente del presidente solo entregaría unos cuantos miles y no de inmediato, pues la disposición general tercera de la ley, establece que los fondos a las seccionales o Distritos Judiciales serán distribuidos en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, o sea en mayo del 2019, tiempo que al parecer aprovecharía el presidente para convencer las población abogada del supuesto bajo ingreso económico, disminuir las posibilidades de algunas seccionales que no son del gobierno, e iniciar la distribución en forma de compra de conciencia a sus parciales y así fraguar el plan más perverso que hombre alguno haya realizado en perjuicio de los abogados de los pueblos. Razones que lo motivan a bailar y alegrarse como sucedió en Santiago, ¨pues el golpe esta dado ya¨.
Además se fraguó otro plan que tiene como fin el dinero y el manejo fraudulento de los fondos, se trata del planteamiento del artículo 16 párrafo III, que ordena que las planchas se elijan proporcionales del listado que presente cada grupo, o sea la Junta Directiva Nacional, quedaría conformada por miembros de diferentes grupo ¿y que sucedió sobre este mandato?, como la Junta Directiva que resulte electa en el nuevo periodos 2019-2022, debe solicitar rendición de cuentas al inicio, aprobaron la disposición transitoria séptima que establece, que esa disposición legal entraría en vigencia a partir de la elecciones de diciembre del 2022, o sea, así el actual presidente se reelige, con una junta directiva solo para él, como sucede en la actualidad y si llegará a ganar pondría las cosas en orden, así escapa de la fiscalización y de la responsabilidad penal que conllevarían sus hechos y los de sus socios.
Se ha dicho que Adriano Sánchez Roa, senador por la provincia de Elías Piña y el presidente actual Miguel Surun Hernández, son los autores del proyecto que hoy es ley y que aunque se luchó por un consenso de un conjunto de artículos que perjudicaban los abogados en el trayecto del congreso al Poder Ejecutivo se desaparecieron los artículos consensuados, lo que obliga al Procurador General a dar inicio a la investigación poniendo en marcha la instancia que le fuera depositada por algunos grupos de abogados, e incluir en la investigación al Tesorero Nacional al senador Adriano Sánchez Roa y al actual presidente del CARD, así se determinaría la verdad de esta situación tan grave. ¡Esta trama Mortal!
Según se ha informado la presidencia actual del Colegio de Abogados entiende y ha informado a testigos que se comunicaron con este medio de comunicación y que prefieren guardar el anonimato por motivo de seguridad, que todas estas actuaciones las hacen bajo el mandato del presidente de la República Danilo Medina Sánchez, lo que está en duda, pues según las misma fuente testigos, pudieran ser expresiones y acciones que no cuentan con la anuencia del presidente, pues es claro, que un grupo político organizado o un presidente como Danilo Medina Sánchez jamás podría actuar así, pero la situación debe ser esclarecida por la Procuraduría General de la República que ha realizado un trabajo excelente en la investigación no cuestionada.
Respuestaprocesal.com.do lamenta las maniobras y estrategia perversas que se desprenden de la Ley 3-19, solo con el objeto de justificar transacciones financieras que pudieran luego de su fiscalización resultar adecuadas y que pudiera tener muchos autores y cómplices, pide al Procurador General de la República Dominicana honorable Dr, Jean Alan Rodríguez, proceder con el curso de la investigación, que debe incluir al Tesorero Nacional, la comisión de justicia del senado y la cámara de diputados, así como la presidente actual del colegio de abogados, para determinar quienes fueron los autores de violar la constitución, dando inmunidad al presidente del CARD, mas allá de lo que ordena la constitución, la exención de presentar declaración jurada, la postergación de entrega de fondos a seccionales y otras mañas y malas costumbres que deben ser procesadas sin contemplación, y que se determine, que esas gentes no actúan por mandato del presidente Danilo Medina Sánchez, como se ha informado, porque es posible que se esté reeditando un nuevo caso Odrebrecht, pero ahora en el Colegio de Abogados, que pudiera incluir hasta lobbista en el congreso.
