En Santiago de los Caballeros se conoció un proceso penal entre la Vicepresidenta de la República Dominicana, Dra. Margarita María Cedeño Lizardo, parte querellante y el imputado Marcos Martínez, proceso que culminó con un descargo en primer grado por no haber cometido el imputado los hechos, pero la Vicepresidenta apeló a la Corte Penal del Departamento Judicial de Santiago, quien mantuvo el descargo en el aspecto penal, pero retuvo falta civil condenando al imputado Marcos Martínez a pagar una suma de dinero en favor de la querellante Margarita Cedeño. Ese proceso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia donde se encuentra en la actualidad.
Por otro lado, en el Distrito Nacional se está conociendo un proceso penal, ahora entre Lucía Medina, hermana del Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina y Presidenta de la Cámara de Diputado, parte querellante, contra el imputado Salvador Holguín, proceso que en primer grado culminó con una retención de responsabilidad penal y civil y una condena millonaria en favor de la congresista Lucia Medina.
Esta misma semana que ha culminado, la Presidenta de la Cámara de Diputado, Lucia Medina, dijo que los dirigentes del PLD deben defender ese partido y al gobierno ante las supuestas amenazas provocadas por personas que no identificó y por medios de comunicación digitales, ¡fíjense como van las cosas!, tanto la actual Vicepresidenta de la República Dominicana como la Presidenta de la Cámara de Diputado son muy sensibles a las críticas, pues cada una en su momento ha hablado de amenazas, en el caso de Marcos Martínez, había una supuesta amenaza a la persona y la candidatura de la Vicepresidenta y en el caso de Salvador Holguín, también una amenaza a la persona y las funciones de la Presidenta de la Cámara de Diputado.
Un punto en común de ambos casos, es que han sido condenados ambos imputados al pago de una cantidad de dinero en favor de las “frágiles y sencillas mujeres del PLD”, y otro punto en común es que ambas querellantes ejercen poder sobre los ciudadanos dominicanos, lo que hace que esas condenas no puedan ser analizadas desde el punto de vista de la responsabilidad penal de los imputados tan solamente, sino de la influencia política y poderío de las querellantes.
Deben tomar como ejemplo ambas querellantes, el comportamiento procesal del ex Presidente de la República, Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, quien ha sido víctima de ataques desaforado en su contra, unas veces con razón y otras sin ellas, pero ha permanecido en silencio y no ha sometido a nadie, ni respondido acorde con los daños que le han provocado, pues él conoce y entiende que en un régimen democrático no represivo, constituye una señal inequívoca y peligrosa de absolutismo y represión política, el hecho de que un funcionario someta penalmente a su conciudadano sin primero abandonar el puesto de privilegio y ponerse en igualdad de condiciones entre imputado y querellante.
Llegó el momento de patrocinar leyes claras que resguarden a los imputados señalados por funcionarios durante el ejercicio de sus funciones, pues si los funcionarios tienen jurisdicción privilegiada para proteger sus derechos, ¿no deberían los imputados tener algún procedimiento especial y restringido ante los sometimientos despiadados realizados por funcionarios?.
Es urgente aprobar un proyecto de ley, a los fines de que ningún funcionario público pueda someter a los ciudadanos penalmente hasta que no termine sus funciones, en los hechos que no sean delitos de sangre o graves, debiendo iniciar la prescripción de los supuestos hechos cometidos por los ciudadanos, cuando termine la función de la supuesta víctima, es decir, en los casos de difamación e injuria, que son los que revisten mayor trascendencia de abuso de poder, que un funcionario para querellarse deba esperar el término de sus funciones.
Diariodespertar.com, entiende que la República Dominicana en la actualidad, se encuentra en un período de represión política, de abuso de poder en contra de los particulares. Llama a la atención de los hombres y mujeres de bien, para que se detengan y observen cuidadosamente las prácticas de sometimiento penal de los funcionarios a los ciudadanos, pues ya existe otro caso de sometimiento penal entre José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia y Leonardo Faña del Frente Agropecuario del PRM, lo que significa que la práctica se está haciendo viral, con la desventajas para los imputados, que los querellantes tienen patrocinio, apoyo y recursos suficientes del Estado Dominicano, pues no abandonan sus posiciones al momento de querellarse, lo que resulta en presión innecesaria para los juzgadores que conocen el caso y que aun, cuando encuentran a los imputados no culpables en algunos casos, se han visto obligados a condenar civilmente, quizás para evitar represalia posteriores del Poder Político.
