El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que al Estado le ha faltado autoridad para imponer el orden y “no quiere actuar porque eso tiene tiene un costo político”.
Castaños Guzmán criticó la inercia del Gobierno para actuar frente a hechos ilícitos, prohibir el porte ilegal de armas de fuego, regular el tránsito y el uso de las motocicletas. Expresó que estos niveles del desorden son un reflejo del modelo político que se ha instalado en la República Dominicana, ya que no se toman medidas de corte político, por no querer pagar el precio. Indicó que más del 70% de los atracos y de los delitos se comenten en motores y más del 50% no tiene matrícula.
Afirmó que la delincuencia se ha desbordado y el Estado ha sido ineficiente en la regulación del uso y porte de las armas de fuego y el desplazamiento de personas en motocicletas, mientras la ciudadanía se está armando en condiciones de legalidad y de ilegalidad.
Declaró que la manifestación más evidente de la falta de autoridad se refleja en el tránsito y el transporte público, y los sistemas de consecuencia no funcionan, comenzando por motoristas en vía contraria, sin casco de protección ni placa y la autoridad no hace nada.
Sostuvo que cuando se sale a la calle, lo primero que se empieza a ver es la cantidad de gente manejando vehículos de motor en vía contraría. “Eso es una cosa descomunal”
Consideró que la sociedad no percibe las políticas de seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía sigue expidiendo licencias de armas y se ve la realidad del tráfico de arma ilegal. “Aquí, cualquier persona, cualquier motorista te saca un arma de fuego y tú no sabes en qué condición la porta. Aquí hay un desorden. El problema del Estado es que frente a estos desbordamientos, de una u otra forma, ha propiciado este desorden”.