Washington – Los recortes en el presupuesto que propondrá hoy el presidente Donald Trump en programas de bienestar social, como Medicaid y la asistencia alimentaria, subrayan, por lo menos, el pedregoso camino que tienen las autoridades de Puerto Rico en busca de un mejor acceso a fondos federales de salud.
“Habrá que esperar a ver las propuestas, pero la cuestión será si hay nuevas iniciativas para el territorio, particularmente en Medicaid, donde la disparidad es enorme”, indicó Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico.
Trump enviará al Congreso un proyecto de presupuesto federal para el año fiscal 2018 que incluye duros recortes en Medicaid, en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que tienen los estados y otras iniciativas de bienestar social.
Según la agencia AP, el total de los recortes en programas sociales alcanza los $1.7 billones (“trillions” en inglés), durante la próxima década e impactarán hasta el plan de salud para niños de escasos recursos económicos y fondos para investigaciones médicas.
Como propone el proyecto republicano de reforma de salud que busca reemplazar en parte a Obamacare, el presupuesto recomendará un recorte de $800,000 millones en Medicaid durante la próxima década, lo que puede quitarles beneficios a unas 10 millones de personas en EE.UU., según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Las reducciones incluidas en la reforma republicana de salud, que ahora se conoce como Trumpcare, se fundamentan en echar hacia atrás las medidas de Obamacare que elevan el tope de ingresos para una persona obtener Medicaid. A su vez, la Casa Blanca quiere convertir Medicaid en un programa de asignaciones en bloque, como sucede con Puerto Rico, aunque en la Isla se recibe solo una porción de lo que se asigna a los estados.
En el SNAP –que es el programa de asistencia alimentaria que existe en los estados–, el recorte propuesto sería de $193,000 millones en una década, por medio de limitaciones en el acceso al programa y un aumento en los requisitos laborales.
Tanto en Medicaid como en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Puerto Rico –que está en medio de una grave crisis fiscal y un proceso de reestructuración de su gigantesca deuda pública– tiene un acceso limitado a fondos e independiente al sistema que otorga las asignaciones de los estados.
Por medio del PAN, Puerto Rico recibe cerca de $1,400 millones anuales. Bajo la ley permanente, Puerto Rico tiene un tope de cerca de $340 millones anuales en Medicaid, que no está relacionado con los $6,400 millones que otorgó Obamacare y que se agotan a finales de diciembre.
En abril, a través de un ómnibus presupuestario, el gobierno federal asignó otros $295.9 millones en Medicaid a Puerto Rico que permiten aplazar hasta abril de 2018 el precipicio de cerca de $1,200 millones anuales que puede causar el agotamiento de los fondos de Obamacare.
En el caso de Puerto Rico, “el problema inmediato es el precipicio fiscal”, dijo el estratega demócrata Federico de Jesús Febles, quien fue subdirector de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA) durante el gobierno de Alejandro García Padilla, pero los recortes que propone la Casa Blanca acentúan que “por el futuro previsible”, la paridad en programas federales de salud “no se va a discutir seriamente” en Washington.
Farrow, quien ha sido cabildero de grupos que promueven la estadidad para Puerto Rico, considera que la atención hoy va a estar en los programas en que la Isla ya es tratada como los estados.
A principios de año, la Casa Blanca informó que persigue eliminar cerca de $54,000 millones en fondos discrecionales, con la intención de reasignarlos al Departamento de Defensa y asuntos de “seguridad nacional”.
En el caso del Departamento de Vivienda federal (HUD), se prevé una reducción de 13.2% en el presupuesto, lo que puede suponer decenas de millones de dólares menos para la Isla.
