Los partidos, los órganos electorales y entidades de la sociedad civil llevan años haciendo cumbres, seminarios y reuniones para tratar las leyes electorales, pero la última palabra la tiene el Congreso.
Las principales preocupaciones de las autoridades de los órganos electorales, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), son el voto preferencial, especialmente en el nivel municipal y la equidad en la competencia en las venideras elecciones. Sin embargo, son temas que solo puede resolver el Congreso Nacional aprobando la ley de partidos y la ley electoral, así como dejando sin efecto la ley 157/13 que creó el voto preferente.
La aplicación del voto preferencial es lo que genera mayor preocupación, pero para quedar sin efecto será necesario derogar la ley 157/13, que lo instituye también para el nivel municipal a partir del 2020. La JCE ha declarado que es prácticamente imposible para el organismo hacer realidad ese mandato en el 2020, por las implicaciones que tendría su montaje.
En una reunión la pasada semana con los presidentes de 21 de 26 partidos, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, externó su preocupación por el voto municipal que tendría que ser aplicado en las elecciones del tercer domingo de febrero del 2020. Si se aprueba la modificación a la Ley Electoral 275-97 tal como fue sometida por la JCE el voto preferente quedaría eliminado.
El artículo 104 establece: “La presentación de candidatos y candidatas para la integración de la Cámara de Diputados, Parlamentos Internacionales, Concejos de Regidores y Juntas Distritales, se hará a través de listas de candidaturas cerradas y bloqueadas. Los partidos y agrupaciones políticas presentarán una lista de candidatos y candidatas en un orden que no podrá ser alterado por los electores(as)”. Ese tema no fue consensuado por la Comisión Bicameral que encabezó el senador Arístides Victoria Yeb en la pasada legislatura.
En caso de que se mantenga, la JCE ha alertado que tendría que diseñar 450 tipos de boletas para dar cabida a cada uno de los aspirantes a regidores y vocales de los partidos políticos. También han advertido sobre las dificultades para el escrutinio. El presidente del TSE, Román Jáquez, advirtió que la gran cantidad de recursos que podrían llegar a ese tribunal haría casi imposible que puedan conocer todas las demandas antes de las elecciones de mayo del 2020.
Los cambios que trae ley de partidos
De aprobarse la ley de partidos como ha sido consensuada, traería cambios importantes que impactarían en la organización de las elecciones; desde el tiempo y el costo de las campañas hasta el transfuguismo. Sin embargo, lo que más complicaría la labor de la JCE de cara a las elecciones del 2020 es si finalmente se aprueban primarias simultáneas con el padrón nacional electoral que ese organismo tendría la responsabilidad de arbitrar. La propuesta de quienes se inscriben por esa posibilidad es que esas primarias sean administradas por la JCE, ante la alegada falta de árbitros en los partidos políticos y poca fiabilidad en el padrón de las organizaciones.
La ley electoral también otorga una responsabilidad adicional a la JCE en caso de que se apruebe. Es que la faculta para organizar debates electorales entre los candidatos presidenciales. Ese tema ya fue consensuado por la Comisión Bicameral en la legislatura que concluyó el 12 de enero. También es una vieja demanda de políticos y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.
Los reglamentos han sido contradictorios
La JCE ha intentando regular varios aspectos de las campañas electorales mediante reglamento, pero ha sido imposible por los cuestionamientos que ha generado. Por ejemplo, en el 2007 el pleno de la JCE aprobó el reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación, que no pudo ponerse en ejecución debido al rechazo que generó en los partidos y los medios de comunicación. En el 2015, el miembro titular del organismo, José Ángel Aquino, sometió una propuesta para suspender “la campaña a destiempo”, pero fue rechazado por el pleno alegando que violaba varios artículos de la Constitución.
Fuente: El Caribe
