El tribunal constitucional de la República Dominicana, por sentencia había otorgado un plazo al congreso dominicano para que este se avocara a conocer la ley de procedimiento para la fuerza pública, ya casi vencido el plazo, la cámara de diputados aprobó de urgencia un proyecto de ley que luego pasaría al senado para su aprobación.
La asociación de alguaciles de la zona este, representada por sus directivos, iniciaron una serie de diligencias procesales y de contacto, tendentes a que su voz sea escuchada en un tema tan impórtate, como lo es ese proyecto de ley.
Lamentablemente en la República Dominicana, las cosas se hacen como el poder político quiere y desea, sin darle participación a la sociedad y las fuerzas viva de la nación, porque ¿Cómo es posible que un proyecto de ley tan importante tenga tantas carencia?, los alguaciles se quejan porque luego de estudiar el proyecto aprobado por la cámara de diputados, se dieron cuenta de que este adolece de múltiples vacíos jurídicos, como son, la falta de sanción para los jueces que no fallen en tiempo hábil las solicitudes de otorgamiento de fuerza pública, que no se estableció, que la decisión del juez al respecto sea recurrible, pues aparentara que sus decisiones serán autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Por otro lado, no se fijó un criterio claro en lo que concierne a los agentes de las fuerzas públicas, o sea la sanción que estos recibirían en caso de negativa o retardo de la ejecución del mandato.
Otro de los aspecto que revisten mayor gravedad, es que la fuerza pública sea supervisada por el juez de paz, a lo cual los ministeriales salieron al frente estableciendo que existe en la actualidad escasez de jueces, porque la actividad procesal ha crecido de manera inmensa y este elemento por si solo pudiere se un obstáculo de ante mano para la ejecución del crédito cuando se cumpla, este en peligro o sea exigible.
No es posible que un proyecto de ley que no ha sido aprobado por el senado, tenga tantos problemas, errores y se manifiesten sobre el mismo tantas quejas, sin que nadie haga algo para resolverlo.
Del estudio de la posible pieza legal se extrae, que tal como denuncian los ministeriales del este, con especialidad los del Distrito Judicial De La Romana, el proyecto de ley nació, cojo, ciego y mudo, y más que un verdadero instrumento de lucha jurídica para la ejecución, se convertirá en el mas y grande obstáculo, para que las personas aseguren su crédito, poniendo en peligro serio y grave la seguridad jurídica.
Diariodesperta.com, advierte a los congresistas que no aprueben ese proyecto así, como esta, para evitar más problemas y quejas de los actores procesales del crédito que se intenta ejecutar.
