El profesor universitario de derecho y experto en derecho constitucional John Garrido expresó que la educación superior pública tiene rango constitucional y que la misma debe ser financiada de manera absoluta por el Estado Dominicano.
Expresa el maestro Garrido que la educación superior privada no se menciona en la Constitución y por ende el Estado no está obligado a financiarla. Indica Garrido, que el financiamiento por parte del Estado a la educación superior privada constituye una distorsión constitucional.
Ahora que se está hablando en una misma mesa, las autoridades y líderes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el gobierno central, es una gran oportunidad para hacerle saber al Ejecutivo que por mandato constitucional existe una educación superior de carácter público, la cual estará financiada por el Estado, y que la educación superior privada no tiene rango constitucional, ni mucho menos el Estado tiene que financiarla.
La educación superior privada está en la ley, es decir, tiene rango legal y la ayuda que el Estado le puede brindar apoyo, conforme a la Ley No. 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, cuyo marco legal contempla las exenciones, según el artículo 91 de dicho instrumento legal.
Facilitar un financiamiento al sector de educación superior privado no es un mandato constitucional ni legal, el mandato constitucional y legal es para el sector de educación superior público.
La Constitución en su artículo 63 numerales 3 y 7 ordena el financiamiento de la educación superior pero de carácter público y garantiza la libertad de cátedra.
JOHN GARRIDO
Profesor de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD
Código 991396
