Análisis Socio-Jurídico de las Elecciones Presidenciales, Congresuales y Municipales del 2016.

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Por: Osiris Disla Ynoa, M.A

Desde su  fundación, la República Dominicana ha sobrepasado  muchas situaciones difíciles, que han atentado contra su estabilidad, incluso a veces contra la misma esencia del Estado Democrático, pero con la ayuda de Dios, sus mejores hombres y mujeres se han superado. Esas inestabilidades y amenazas iniciaron desde la fundación de la naciente República en el año 1844, cuando la nación se libró por fin, del yugo opresor y bastardo del Estado Haitiano, quien sin ninguna posibilidad humana para subsistir en su propia esencia o subyugar una nación como esta, lo hizo e intentó seguir haciéndolo, hasta que aquella noche histórica del 27 de Febrero del año 1844, un grupo de hombres de pantalones apretados y lealtad incuestionable a la Patria y sus nacionales,  le pusieron fin a esa desgracia que costó mucha sangre para un grupo, y disfrute permanente para la posterioridad. Ahí nace la democracia y la nueva República Independiente y  orgullosamente soberana.

Hacer que una patria sea funcional es muy difícil, pues a diario hay atentados en contra de la misma, que en su gran mayoría como en épocas pasadas, se deben a la ambición y abuso de poder, y a la ignorancia de creer que vivimos en la misma nación de hace 200 años, que practicante era sorda, ciega y muda por necesidad.

Las elecciones son el instrumento democrático que utiliza una nación cualquiera para elegir a sus gobernantes, y las mismas tienen que estar desprendida de todo interés particular o partidario, que pueda retrotraer a épocas pasadas el concepto de democracia, que consiste sin más significado científico, en la expresión libérrima del pueblo. Quien ponga en peligro el instrumento de las elecciones como expresión democrática, debe ser declarado enemigo principal de la nación, no importando que sea un partido político o una persona en particular que ostente poderes directivos para manejar los procesos eleccionarios.

La legitimación de los gobernantes se desprende del apoyo popular, no del apoyo de los grupos económicos de poderes que en definitiva son la minoría, aunque puedan manejar mas cantidades de dinero, de ahí que, el derecho como norma jurídica esencial ha establecido las leyes, con el propósito de que todos los gobernantes se sujeten a ella, haciendo de este modo que la diferencia entre gobernante y gobernado no sea tan notoria, porque la Ley es un instrumento jurídico, que en definitiva sirve para darle a cada quien lo que le corresponde y absolutamente nadie puede estar por encima de su imperio.

En el año 2016, específicamente el 15 de mayo, la República Dominicana Democrática, de manera absoluta y soberana determinó constitucionalmente que habría que celebrar nuevas elecciones para sustituir en sus funciones o confirmar en la misma, a todos aquellos que de manera legitima y sujetado a las normas, hayan ganado una posición cumpliendo con las reglas del juego.

Precisamente el 15 de mayo del año 2016, los cimientos de la República Dominicana se removieron, porque un grupo de falsos patriotas entre los que se encentran el Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), algunos miembros de ese organismo y el pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE), conspiraron contra la patria, produciendo y tutelando unas elecciones que han sido las más cuestionadas, luego de la crisis del 1994 casi provocando una guerra civil.

El problema creado no radica en el fraude como tal, aunque éste pudiera existir, porque la mayoría de la población estaba clara a través de las encuestas que aunque no fuera con un porcentaje tan elevado, pero sí el Presidente Danilo Medina sería reelecto en la primera vuelta de la contienda electoral; es decir que la elección de Medina no es tan cuestionada, porque se trata de un hombre bueno, pero su legitimidad si se cuestiona, porque la parte legitima de cualquier actuación en nombre del Estado, debe ser hecha fuera de toda duda razonable y en la presente elecciones presidenciales la duda se ha sembrado, haciendo que muchos analistas lleguen a creer que se trató de un plan estratégico dirigidos a esos fines. Sin embargo no sucede lo mismo en las elecciones Congresuales y Municipales, las cuales han sido cuestionadas de manera total, tanto por los que fueron defraudados de verdad, como por aquellos que buscaban una brecha para justificar su derrota, quejas que han venido de todos los partidos registrado para el torneo, incluyendo el del gobierno y en justicia se dice como principio que, cuando todas las partes están en desacuerdo con una decisión o sentencia que se emite, obliga al tribunal de mayor jerarquía a su revisión, para poder determinar con precisión si los vicios endilgados son ciertos o no.

La realidad de las elecciones del año 2016, nunca podrá estar clara, porque el desorden que imperó en la misma, solamente se justifica cuando se pueda probar que alguien actuó con muy mala intención y con el propósito exclusivo de perjudicar al partido de poder que también terciaba en las elecciones.

Cuando un partido es gobernante, se diferencia de los partidos de la oposición, en la forma que maneja el control punitivo del Estado, y es precisamente ese control poderoso lo que hace que los organismos internacionales vigilen de cerca la forma como se utiliza ese poder para poder a regetimizar el poder político.

No todas las personas que están reclamando, alegando que se le hizo fraude tienen la verdad, hay algunos de ellas que no ganaban aunque tuvieran los millones que fueran, pero ahora quieren confundir a su militancia, entre esos grupos hay gente del PLD, del PRM, PRSC y los demás “partiditos” del sistema.

Pero aunque no todos tenían la razón respecto al fraude, terminaron teniéndola por la desorganización y el abuso de poder utilizado desde la JCE, y para terminar de completar, cuando las personas tienen la idea de accionar en justicia para reivindicar los derechos que le han sido violados, se encuentran con un Tribunal Superior Electoral, cuyos integrantes son los seres más parciales que América Latina haya podido parir, es decir, tanto los miembros del TSE, como los de la JCE, han podido provocar una guerra civil en la República Dominicana, que fue evitada por la prudencia y la hermandad que existe entre todos los dominicanos, no importando de que partido sean, y por la prudencia y equilibrio del Presidente de la República Danilo medina Sánchez que decidió no responder con fuerzas militares las protestas de los dominicanos, una situación que es loable.

En definitiva lo que provocaron la crisis electoral actual que abarca las 32 provincias, porque algo es seguro, y es que en las mayoría de provincias ganó la oposición, tanto en el ámbito Congresual como en el Municipal, pero le fue arrancado el triunfo en base a los trucos, compra de conciencia, abuso de poder, decisiones judiciales ilegitimas y otros tipos de formas tramposas que ilegitimaron de manera total al partido de gobierno y que ahora el Presidente debe abocarse a terminar su segundo periodo evitando el choque con los perjudicados, para que haya gobernabilidad.

Algo que no se puede quedar es el castigo, porque sin castigo los pueblos se destruyen y aún cuando aparente ser un plan del Partido de gobierno con la JCE y el TSE, los mismos están obligados a disimular, sacrificando de manera inmediata el puesto de esos malos y traicioneros dominicanos, antes de que el pueblo tome la venganza por sus propias manos. Además de manera inmediata,  los autores y cómplices del crimen a la patria deben ser sometidos a la acción judicial penal,  para que en la mazmorra más oscura sufran poco a poco, y de manera lenta,  lo que sufrió el pueblo cuando fue humillado y burlado por su abuso de poder, al provocar que los ciudadanos fueran a ejercer su derecho al voto y que en definitiva su intención no se plasmara a favor de las personas que realmente quiso elegir, sino de otro pendejo allegado a ellos.

Algunos legisladores hipócritas y oportunistas del partido de gobierno, dijeron que de ganar las elecciones ratificarían de nuevo a los miembros de la JCE en su posición, declaraciones que se produjeron días antes de la elecciones y que fueron vistas por los especialistas, como un soborno público y una burla insoportable, ya que dicha ratificación estaría fundamentada, en que la JCE preparó unos comicios tan limpios y claros como nunca se habían visto en 35 años, según las palabras de esos oportunistas del poder, que además constituyó un acto de provocación imperdonable, porque fue todo lo contrario a lo que se decían, siendo los comicios más sucios, engañosos y tramposos de todos los años de fundación de la República.

La mayoría de juristas están de acuerdo que en las elecciones del 2016, sobraron las infracciones electorales, hubo un concierto de violación a la Ley, que mandó un ejemplo muy negativo para la sociedad que ahora no sabe en quien creer, todo por culpa de los ambiciosos que no se conformaron con los cargos conseguidos sino que también querían arrancar los cargos ajenos, situación que no puede quedar impune, porque de quedarse sin castigo eso generaría violencia por espacio de 20 años, por eso las recomendaciones conclusivas de salida a la problemática no van dirigidas a castigar a los que reclaman sus derechos sin importar de que partido sean, sino de manera exclusiva a quienes controlaban y manejaban el proceso, entiéndase JCE, TSE, y los miembros del PLD, PRM y los demás partidos que con su poderío manejaron y controlaron las juntas municipales y crearon la crisis.

Desde la República Dominicana en cada rincón  se escucha.

¡Fuera  los miembros del JCE y TSE! ¡Sometimiento Judicial!

             ¡Caiga  quien caiga y pésele a quien le pese!